Económicamente hablando, el Ayuntamiento de Gandia no gana para sustos. El pleno celebrado la noche del jueves tuvo que aprobar otra remesa de facturas ocultas de la anterior legislatura que ascienden a la astronómica cifra de 9 millones de euros.
La mayor partida supera los cinco millones de euros y corresponde a un servicio tan esencial como la recogida de la basura. Por si eso fuera poco, el portavoz socialista, José Manuel Prieto, anunció que, además de este montante, aún quedarán 4 millones más por pagar de la anterior legislatura que previsiblemente se aprobarán en el pleno de diciembre.
El gobierno local, integrado por el PSPV-PSOE y la coalición Més Gandia, también denunció que el anterior ejecutivo del PP ocultó a la Sindicatura de Cuentas el presupuesto de 2013, lo que está generando el riesgo de que Gandia pierda más de un millón de euros en subvenciones de la Generalitat, concretamente para las becas de libros y para comedores sociales.
Según el portavoz socialista, José Manuel Prieto, el PP ocultó en la pasada legislatura «de manera deliberada, a la oposición y ciudadanía» las cuentas municipales, lo que le cierra las puertas a ayudas importantes.
Aun así, la responsable de Políticas Educativas, Laura Morant, de Més Gandia, envió un «mensaje de tranquilidad a la ciudadanía» al matizar que el gobierno está trabajando para que las subvenciones no se pierdan. «Corren peligro pero no quiero decir con eso que no estemos luchando, moviendo toda la maquinaria posible, y en breve sabremos si podemos entrar en estas ayudas».
La situación económica del Ayuntamiento de Gandia sigue considerándose catastrófica, aunque según el Gobierno local se ha entrado en el camino de revertir la situación y pagar lo que se debe de las anteriores legislaturas en un periodo de veinte años.
Por otra parte, el PP criticó que no se haya atendido su petición para que el responsable de Hacienda, Salvador Gregori, comparezca en el pleno para explicar los créditos que se firmaron en las legislaturas del alcalde José Manuel Orengo.
El Gobierno local señala que el PP, que gestionó el consistorio entre 2011 y 2015, dispuso de toda la información y el acceso a los documentos que ahora requiere, de ahí que no entienda la petición de comparecencia de Gregori.
