17 de noviembre de 2015
17.11.2015

Gandia contrata a un concejal del PSPV de Altura para personarse en el proceso del caso Púnica

Francisco de Antonio Juesas, que también lleva la Gürtel, percibirá un máximo de 15.000 euros

17.11.2015 | 00:43

La Junta de Gobierno de Gandia aprobó ayer la contratación de un abogado y una procuradora que se ocuparán de defender los intereses del Ayuntamiento en el caso Púnica, después de personarse en la causa que investiga el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional, en la que están implicados políticos y empresarios de Gandia, entre ellos el exalcalde Arturo Torró y el concejal y diputado del PP, Víctor Soler.

El gobierno local considera que «debe defender los intereses de los ciudadanos y velar por el dinero público» y por eso ha decidido contratar a un abogado y una procuradora. Según el portavoz municipal, José Manuel Prieto, los servicios jurídicos del consistorio no cuentan con profesionales que puedan defender esta causa por la vía penal.

«La gente no entendería que este gobierno hiciera lo contrario porque creemos que ante las sospechas y las evidencias, y lo que se ha publicado sobre este caso, teníamos que tomar medidas que fueran necesarias para garantizar precisamente la defensa de los intereses generales en una situación económica tan complicada para el Ayuntamiento de Gandia y para estudiar las derivadas que se desprenden de la gestión de los recursos públicos», indicó Prieto.

El abogado que llevará la causa, Francisco de Antonio Juesas, es concejal del PSPV en el Ayuntamiento de Altura (la comarca del Alto Palancia), y cobrará un importe máximo de 15.000 euros. La procuradora, Teresa de Donesteve, obtendrá por su trabajo una remuneración de 2.000 euros.

El PP: «Pagar a las amistades»

La inexistencia de un concurso público y la contratación «a dedo» del abogado socialista llevó al PP a criticar la actuación. «Este nombramiento viene a demostrar que se trata de una causa meramente política, donde el PSOE lleva la batuta, en esta nueva cacería contra el PP», indicó el partido a través de un comunicado en el que lamentó «este dispendio de fondos públicos para llenar los bolsillos de las amistades a cargo de los contribuyentes», y se preguntó «quién pagará las costas cuando se demuestre no se ha producido ningún ilícito penal».

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