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Reacciones a la sentencia

El PP gobernó la pasada legislatura en Gandia con tres presupuestos ilegales

Los de 2013 y 2014 no devolvieron créditos bancarios, y el de 2015, que no se aprobó, se prorrogó del anterior ejercicio. PSPV y Més Gandia piden la dimisión de 10 de los 12 concejales del PP.

El PP, que gobernó Gandia entre 2011 y 2015 con una cómoda mayoría absoluta, mantuvo la hacienda municipal en el reino de la ilegalidad durante tres de esos cuatro ejercicios presupuestarios. Solo en el año 2012 el departamento de Hacienda presentó, y el pleno aprobó, un proyecto de ingresos y gastos ajustado a la ley. A partir de ahí, la institución municipal se saltó sus obligaciones económicas, especialmente al no incluir la devolución de créditos bancarios.

Eso ha motivado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), adelantada ayer por Levante-EMV, anula el presupuesto de 2013, a la que, con toda seguridad, seguirá otra idéntica respecto a las cuentas de 2014.

Además, el presupuesto 2015 no fue aprobado por el pleno ante el temor de concejales del PP a las consecuencias penales y patrimoniales, dado que el PSPV anunció que les denunciaría por seguir incumpliendo la ley. Al no aprobarse el presupuesto, se prorrogó el «ilegal» de 2014, de manera que esa ilegalidad también se trasladó al último ejercicio de gobierno del PP, en el que tampoco se pagaron los créditos.

En el capítulo de reacciones, ayer tanto el PSPV-PSOE como la coalición Més Gandia, que integran el Gobierno local, coincidieron en solicitar la dimisión de 10 de los 12 concejales del PP, todos los que estaban en la pasada legislatura, con cuyo voto se aprobaron las cuentas ahora anuladas.

La alcaldesa Diana Morant, del PSPV-PSOE, pidió que se «depuren responsabilidades» entre los concejales del PP que aprobaron el presupuesto ahora anulado. Morant exigió «una depuración moral y ética», ya que la decisión de la mayoría de los ediles del PP de aprobar las cuentas de 2013 «ha perjudicado gravemente a la economía de la ciudad». En este sentido, Morant requirió la dimisión de los concejales del PP que, en la pasada legislatura, aprobaron esos presupuestos ilegales y que repitieron en su escaño. Esos concejales, con Arturo Torró al frente, son todos excepto Elisabeth Moreno y Cristina Moreno.

La alcaldesa concluyó que el nuevo Gobierno local que preside intentará arreglar esta situación haciendo frente al pago de la deuda con las entidades bancarias.

Por el grupo de Més Gandia, la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, señaló que la anulación de los presupuestos es «inaudito» y por eso también pidió la dimisión de todos los concejales que aprobaron aquellas cuentas.

Milvaques dijo que Més Gandia ya lo advirtió en la legislatura pasada desde la oposición y aseguró que el PP «no puede alegar desconocimiento porque el informe que sobre el presupuesto redactó el interventor municipal advertía de que el impago de las obligaciones contraídas podría comportar graves consecuencias para el ayuntamiento», pese a lo cual el PP dio el visto bueno. «Es momento de asumir responsabilidades éticas por parte de aquellos que votaron a favor y se burlaron de las advertencias de Més Gandia», concluyó Milvaques.

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