18 de diciembre de 2015
18.12.2015
Sentencia

La justicia confirma el fiasco de la compra del hotel Gandia Palace

El Juzgado de lo Mercantil rechaza el recurso de Torró y obliga a pagar los 6,7 millones por los locales embargados. El Gobierno pide la dimisión del exalcalde por lo que definió como «operación aplauso». Aunque Arturo Torró lo negó mil veces, el Ayuntamiento de Gandia es el legítimo propietario de la galería comercial después de que, entre finales de 2011 y principios de 2012, su gobierno la adquiriera a la mercantil Vipei SA por 6,7 millones de euros. Precisamente esta misma semana, un juez ha abierto una investigación para aclarar si el propio Torró y quien fue vicepresidente de IPG, Javier Reig, pudieron cometer un delito de prevaricación al perdonar 1,3 millones de euros a Vipei como «adelanto» del total del coste de la compra.

18.12.2015 | 10:42
La justicia confirma el fiasco de la compra del hotel Gandia Palace

Aunque Arturo Torró lo negó mil veces, el Ayuntamiento de Gandia es el legítimo propietario de la galería comercial del hotel Gandia Palace de la playa después de que, entre finales de 2011 y principios de 2012, el propio Torró la adquiriera a la mercantil Vipei SA por 6,7 millones de euros.

Según el exalcalde del PP, esa operación quedó abortada cuando descubrió que Vipei le había «engañado» al ocultarle que la propiedad adquirida estaba embargada, pero lo cierto es que el ayuntamiento concluyó la operación y se quedó con el inmueble.

Así lo ha ratificado el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, que ha rechazado el recurso que, dos años después de la compra, interpuso el propio Torró para intentar que Vipei se volviera a quedar con su propiedad y eximir así al ayuntamiento de pagar 6,7 millones por unos locales que ahora están en manos de la Sareb (el llamado banco malo).

En los tres años y medio que el anterior Gobierno local del PP fue propietario de esos locales no le reportaron ni un euro de beneficio a pesar de que fue el propio Arturo Torró quien definió esta polémica y rocambolesca compra con el apelativo de «operación aplauso», dado que, según él, le iba a salir al consistorio «a coste cero».

En vez de eso, primero le perdonó a Vipei 1,3 millones de euros aque adeudaba al ayuntamiento en concepto de impuestos, y después no se le cobró dinero a la empresa Ozone, que durante más de dos años gestionó esos locales en régimen de alquiler.

Lo que la sentencia deja claro es que el ayuntamiento, a través de la empresa IPG, tendrá que terminar de pagar al administrador concursal de Vipei 5,4 millones de euros sin que nadie sepa, a día de hoy, cuándo podrá disponer esos locales. Además, probablemente su valor sea muy inferior al que se pactó hace cuatro años por la caída que han registrado las propiedades inmobiliarias.

«Operación bofetada»

«En vez de aplauso debería haberla llamado operación bofetada», indicó el responsable de Economía del Ayuntamiento de Gandia, Salvador Gregori, al tiempo que el concejal socialista José Manuel Prieto pedía la dimisión del exalcalde por este nuevo «pufo» económico que hereda un ayuntamiento quebrado.

No fue el único que pidió dimisiones. También la vicealcaldesa y líder de Compromís, Lorena Milvaques, animó a Torró y a todos los concejales del PP que participaron en esa compra «a salir del ayuntamiento y no volver jamás».

Arturo Torró nunca dio explicaciones a los grupos de la oposición que hace cuatro años le exigieron que aclarara la compra de la «operación aplauso». El exalcalde del PP justificó aquella acción, que causó extrañeza por su naturaleza y por tener un ayuntamiento quebrado, en la necesidad de generar actividad turística durante todo el año y «desestacionalizar» la playa de Gandia. El ayuntamiento asumía un insólito papel empresarial.

Esa acción salió mal. Ni se generó actividad, porque la galería comercial terminó cerrando por falta de rentabilidad, ni mucho menos, como era previsible, se desestacionalizó el turismo en la playa. El propio Torró asumió ayer, por primera vez desde la compra del Gandia Palace, que cometió un error.

La historia de esta operación no ha finalizado. Precisamente esta misma semana un juez de Gandia ha abierto una investigación para aclarar si el exalcalde gandiense, y también quien fue vicepresidente de IPG, Javier Reig, pudieron cometer un delito de prevaricación al perdonar 1,3 millones de euros a Vipei como «adelanto» del total de 6,7 millones que al final han costado esos locales.

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