Si los ayuntamientos de la comarca de la Safor no han estado lo suficientemente ahogados económicamente, debido, en gran parte, a la deuda y a la falta de ingresos, solo faltaba que la Generalitat Valenciana, el órgano que debería velar porque todo rija conforme a lo establecido en la ley, sea partícipe de ese ahogamiento al que se han visto sometidos los municipios en los últimos años.
Los graves problemas que han afectado a muchas familias han hecho que las arcas municipales dejen de ingresar miles de euros en conceptos de impuestos como el IBI, ya que muchos no pueden pagarlos y se ven obligados a aplazar las cuotas o a retrasarlas hasta límites insostenibles. Más grave aún es que eso mismo lo haga la Generalitat Valenciana en los pisos de su titularidad, aquellos que en su día eran del Institut Valencià de la Vivenda, IVVSA, y que ahora se han integrado en la Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (EIGE).
Solo en Gandia y Tavernes de la Valldigna, el consell que durante prácticamente toda la legislatura gobernó Alberto Fabra, del PP, dejó a deber cerca de 300.000 euros en concepto de IBI y por el recibo de la basura de los pisos de Protección Oficial que se construyeron en estos cascos urbanos. Cinco años, según los datos que maneja el actual Consell, estuvo el PP dando largas a los consistorios de la Comunitat Valenciana.
En el caso de la capital de la comarca de la Safor, la deuda asciende a 195.173 euros. De estos, 33.575 son del IBI de viviendas o locales propiedad de la Generalitat Valenciana, otros 148.303 supone el impuesto que grava las propiedades que forman parte de la cartera de viviendas del EIGE y 12.960 euros pertenecen a los recibos de la gestión de la basura. Por último, existe una pequeña deuda de 333 euros por un Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que el ente dependiente de la Conselleria de Territorio y Vivienda adeuda a Gandia.
Estos pisos están ubicados en la calle Benicanena, donde se encuentra el edificio que se ha convertido en el icono de la mala política de vivienda social de la Generalitat del PP. También hay casas en las calles Llutxent, Montdúver, Santa Anna i en Projecte.
Por lo que respecta a Tavernes de la Valldigna, la deuda del gobierno autonómico en concepto de IBI de las viviendas de protección oficial asciende a 67.000 euros, de los que 54.000 pertenecen al impuesto sobre bienes inmuebles y el resto, unos 13.000, a la recogida y traslado de la basura.
Se trata de un total de 33 viviendas ubicadas en las calles Benifairó, Simat y Sant Miquel, tres promociones con muchos años de antigüedad ubicadas al noroeste del casco urbano del municipio vallero, en la zona conocida como Cambro. En ese punto, el consistorio ha dispuesto de algunos de los pisos para destinarlos a vivienda social mediante alquileres de renta muy baja tras someterlas a pequeñas adecuaciones.
El montante total que la Generalitat y las entidades dependientes de la administración autonómica adeuda a los municipios de la Comunitat Valenciana asciende a 5,7 millones de euros.
La intención de la conselleria es destinar 1,5 millones en 2016 para hacer frente a estos recibos y elaborar un plan de pago para asumir el resto de la deuda en años venideros.
