Finalmente se ha cumplido el guión y el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, del PP, y el excoordinador general de Asuntos de Alcaldía y hombre fuerte de Torró en la pasada legislatura, Javier Reig, tendrán que declarar como investigados (antes imputados) ante el juez que lleva la causa por la compra de la bolera del hotel Palace de la playa, la denominada «Operación Aplauso». Según el auto al que ha tenido acceso este periódico, el presidente del PP debía comparecer mañana ante el juez, pero se encuentra fuera de Gandia y pidió un aplazamiento, Reig, por su parte, está citado para el próximo día 4 de enero.
Hace dos semanas, este periódico publicaba que la Fiscalía había solicitado al juez de Gandia la acusación de los dos dirigentes por un presunto delito de prevaricación al hallar irregularidades en la adquisición, por parte de la empresa pública de Gandia, IPG, de un recinto que albergaba varias salas de cine y estaba valorado en más de 6 millones de euros. La adquisición suponía perdonar 1,3 millones en concepto de IBI a Vipei, propietaria del complejo.
Reig, abogado de profesión, actualmente asesor del grupo municipal y que en el momento de la operación era vicepresidente de IPG, confirmó ayer a Levante-EMV que ha pasado a ser investigado en la causa. Se mostró «absolutamente tranquilo» porque «no hay prevaricación de ningún tipo». Reconoce que «era lógico» que el juez les investigara, en tanto que así se lo había pedido la Fiscalía. Defendió, una vez más, que «todo se adecua a la legalidad» y está convencido de que el proceso «no irá a ninguna parte». Considera que «lo que ha ocurrido es que el fiscal tenía seis meses para investigar, se le ha pasado el tiempo y ha enviado lo que tenía».
Por su parte, Arturo Torró, aseguró que se trata «del procedimiento normal: la Fiscalía pide la acusación y el juez la activa. Luego la archivará o seguirá adelante».
La Fiscalía de Valencia inició la investigación a raíz de la documentación remitida por Vicent Mascarell, que en la pasada legislatura formaba parte de la oposición en el PSPV. Tras analizarla, el fiscal vio indicios de delito, por lo que decidió remitir la causa al juez, que ahora ha decidido acusar a los dos dirigentes populares.
La Operación Aplauso supone, por tanto, el segundo varapalo judicial para Arturo Torró. El pasado verano, el exalcalde fue llamado a declarar en calidad de imputado por el juez que investiga la trama Púnica con la intención de aclarar la contratación con una empresa local que fue contratada en innumerables ocasiones durante la pasada legislatura, la mayoría de ellas a dedo, y que estaría presuntamente implicada en la trama Púnica.
La compra de este edificio supone uno de los casos más rocambolescos de la gestión de Torró en Gandia. Primero anunció su compra y posterior alquiler a una bolera. Mediante decreto, perdonó 1,3 millones a Vipei. Posteriormente dijo que la compra no se había consumado porque no presentó la documentación en el Registro.
