Los 34 propietarios del antiguo residencial de Simancas, en Gandia, no han pasado esta Navidad en sus nuevos pisos, como les prometió el ayuntamiento en reiteradas ocasiones, pero sí los estrenarán finalmente en 2016. La empresa constructora, Coesmi, tiene previsto entregar el primer bloque de Simancas con 56 viviendas, el que más urge para realojar a esos afectados, el próximo 22 de enero, mientras que el 31 de enero estarán listos los 48 pisos del segundo edificio; en total las 104 casas.
A partir de ahí será la promotora de las obras, la empresa pública IPG, la que disponga cuándo entregar las llaves y, en su caso, celebrar algún tipo de visita inaugural, si bien no se demorará mucho respecto a las fechas que maneja la constructora. Todos los pisos de Simancas pasarán a ser propiedad de IPG, que los podrá destinar a vivienda social, con un alquiler a precio reducido, o a renta libre.
En paralelo siguen las obras de la plaza central y los espacios dotacionales, que estarán acabados algo más tarde, en febrero, según apuntó a este periódico el constructor, Salvador Micó. A mediados de diciembre ya se desmontaron las grúas y estos días se ultiman trabajos como el revestimiento de las fachadas y la colocación de las jardineras.
Con la inauguración del nuevo Simancas se acabarán cinco largos años desde que se adjudicó la remodelación urbana de esta manzana, situada entre las calles Sant Rafael, Plus Ultra, Ferrocarril d'Alcoi y Xeresa. Se trata de una de las mayores operaciones en materia de vivienda social, gestada en la legislatura 2007-2011, y con una inversión global de 18 millones de euros, entre aportaciones del Ayuntamiento de Gandia, Generalitat y Ministerio de la Vivienda.
Las obras estuvieron paralizadas cerca de dos años, entre 2012 y 2014, porque la adjudicataria entró en concurso de acreedores. La indemnización para aquellos propietarios que necesitaron un alquiler privado se calculó en 500 euros mensuales, con lo que mientras ha durado esta demora IPG ha venido abonando unos 15.000 euros al mes. Por otra parte, el ayuntamiento pagará la diferencia entre el precio real de construcción de las nuevas viviendas y el que abonarán los propietarios, muy por debajo del de mercado.
El nuevo residencial se compone de pisos de 90 y 60 metros cuadrados, con posibilidad de trastero y plazas de garaje. El proyecto llega a su recta final con la satisfacción de que la ciudad tendrá más viviendas de protección oficial, pero con dos puntos polémicos revelados recientemente por el gobierno local, formado por PSPV-PSOE y Més Gandia.
En primer lugar, el anterior alcalde, Arturo Torró, del PP, perdonó a la constructora 1,5 millones de euros por el precio del subsuelo. Además, modificó el pliego para que IPG se hiciera cargo de la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo, en total 350 plazas, que se debía quedar la adjudicataria según el primer acuerdo, lo que permitía financiar parte de las obras. Ese parking, que antes iba a ser privado y ahora será público, costará 4,3 millones de euros y es una «patata caliente» más para IPG. «Todavía no sabemos qué hacer con esas plazas», confiesa el responsable de Urbanismo, Vicent Mascarell.
Torró replicó que esa era la única fórmula para retomar las obras y añadió que el parking se adquirió «a precio de coste y no de mercado», por lo que en esa operación entraban los 1,5 millones supuestamente perdonados al constructor. Mascarell insiste en que fue una actuación «negligente» y no descarta exigir responsabilidades jurídicas.
Un nombre franquista
El Grupo de Simancas forma parte de la llamada ciudad de los años 60, unos bloques que se construyeron en pleno «desarrollismo» franquista sin equipamientos y hechos con materiales baratos, como el Grupo Porta o las Casas de los Ferroviarios.
Lleva el nombre de un antiguo cuartel militar de Gijón. Durante el franquismo era costumbre bautizar edificios o espacios públicos con gestas del bando sublevado consideradas heroicas. Así, se quería honrar la memoria de los militares que protegieron este cuartel en el frente de Asturias, uno de los capítulos más crudos de la Guerra Civil. Por tanto, de mantenerse el nombre, incumple la Ley de Memoria Histórica.
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