30 de diciembre de 2015
30.12.2015

Una sentencia obliga a Oliva a ejecutar la expropiación de una parcela de 2.900 metros

El ayuntamiento desestimó la solicitud de los propietarios para iniciar el proceso porque aún no habían pasado dos años desde que la registraron

29.12.2015 | 23:15

La sección cuarta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha resuelto que el Ayuntamiento de Oliva deberá iniciar el expediente de expropiación forzosa de una parecela ubicada en el área conocida como Devesa, en el extremo sur de la playa, el punto donde linda con el término municipal de Dénia. Se trata de un terreno de casi 2.900 metros cuadrados que, en el Plan General de Ordenación Urbana del año 1982, se clasificó como zona verde.

La justicia concluye que el ayuntamiento no inició el trámite en el plazo legal establecido para abrir el expediente, seis meses después de que los propietarios, cuatro hermanos, lo solicitaran al consistorio. Un escrito de los técnicos municipales desestimaba la petición, entre otros motivos, porque aún no habían transcurrido dos años desde la presentación del escrito en el Ayuntamiento. Según la sentencia, sin embargo, esta apreciación resultaba errónea, pues la ley que establecía esos dos años se había aprobado después de que los hermanos registraran su solicitud.

El 26 de abril de 2011, los propietarios de la finca presentaron un escrito ante el Ayuntamiento donde ponían de manifiesto su intención de que se iniciara el expediente de expropiación forzosa, es decir, que el Ayuntamiento les comprara la parecela.

Los dueños tenían derecho a solicitarlo, en tanto que, según la ley, pasados cinco años desde que entrara el vigor el plan urbanístico, si no se ha llevado a cabo la expropiación, pueden pedir que se inicie un expediente de expropiación, como así se aclara también en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. Es evidente que desde 1982 habían transcurrido mucho más de cinco años.

Más de un año y medio después seguían sin recibir respuesta por parte del consistorio, en 2013, por lo que los cuatro hermanos ya presentaron lo que se conoce como «hoja de apreciación» en la que tasaban el terreno en 583.189 euros. Posteriormente a ello llegó el informe técnico que desestimaba su petición y que fue ratificado por un decreto de alcaldía del 18 de abril de 2013.

Fue entonces cuando los titulares de la parcela decidieron presentar un recurso contencioso administrativo. En primera instancia, el juez le dio la razón al ayuntamiento, pero los denunciantes alegaron y una sentencia del pasado 16 de diciembre les da la razón.

Consecuencias

Ante esta decisión de la justicia, que puede costar al ayuntamiento miles de euros, el Gobierno local ha decidido iniciar un informe propio para tasar la parcela con la finalidad de estimar su valor real.

Si finalmente se opta por la opción de expropiar, las dos tasaciones acabaran ante el Jurado Provincial de Expropiación, que será quien decida finalmente el precio por el que la parcela pasará a manos municipales.

La otra posibilidad que estudia el ayuntamiento es la de desarrollar el programa urbanístico, lo que posteriormente le permitiría recuperar la inversión mediante la tasa de urbanización que pagan los propietarios. Además, el Ejecutivo solicitará una reunión con los propietarios para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio para todos.

Para el alcalde, David González, de Compromís, «estamos ante una nueva muestra de un mal planeamiento y gestión urbanística del pasado en la ciudad de Oliva».

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