El expresidente del Consorcio de Residuos (COR) que gestiona la basura de la Safor y otras cuatro comarcas, Vicente Parra, compareció ayer en un juzgado de Xàtiva a raíz de la causa que investiga un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de la planta de residuos y vertedero de Llanera de Ranes (en la comarca de la Costera). Durante la declaración, que se prolongó durante casi una hora, la jueza quiso saber qué papel jugó Parra en el proceso de licitación. El también exdiputado y exconcejal del PP de Xàtiva defendió en todo momento la legalidad de la contratación y subrayó que su participación se limitó a dar validez al dictamen de la comisión técnica que en julio de 2009 señaló la oferta presentada por la UTE FCC-Dimesa (en adelante Vytrusa) como la más ventajosa en el procedimiento. El citado informe fue refrendado por unanimidad por la junta de gobierno del COR y, posteriormente, obtuvo luz verde de la asamblea de alcaldes que integran el organismo con un 80 % de votos a favor.
La causa judicial, que se encuentra en la fase de diligencias previas, surge de la querella que en julio presentó el constructor de Alzira José Andrés Asunción contra Vicente Parra y los representantes legales de la UTE que se hizo con el concurso para la construcción del vertedero, que también declararon ayer ante la jueza.
El empresario querellante asegura que la adjudicación se basó en un segundo informe «externo e ilegal» encargado por el COR para justificar la concesión a Vytrusa. Para desmontar esta acusación, Parra presentó ayer a la jueza un documento que prueba que la comisión técnica únicamente emitió un informe. De los 9 técnicos que la conformaban, dos de ellos, designados por la Generalitat, emitieron un voto particular discrepante con la opinión mayoritaria, secundada por los 7 restantes, al disentir de «la argumentación, criterios, repartos y puntuaciones» que llevaron a la Comisión a considerar la oferta de Vytrusa como la más ventajosa de las 4 que se presentaron al concurso. Esta valoración, sin embargo, no invalida la resolución acordada por mayoría. Los técnicos díscolos señalaron como más favorable la proposición de Urbaser, con mejor puntuación en la baremación. El constructor de la Ribera tenía un acuerdo con esta empresa para ubicar la planta en unos terrenos de su propiedad que había adquirido en término de Llanera, después de conocer que la zona era barajada por el Consell para construir un vertedero. Uno de los técnicos que discreparon en el proceso trabaja en la actualidad en un Plan Zonal gestionado por Urbaser.
Falta de pruebas de cohecho
Asunción también denuncia cohecho y tráfico de influencias en el proceso de adjudicación, aunque la jueza ha descartado investigar estos cargos por falta de pruebas. El querellante afirma que las obras no se asignaron en sus terrenos porque se negó a pagar una supuesta mordida de 3 millones de euros. En su declaración judicial, según ha podido saber Levante-EMV, Asunción no atribuyó esta oferta clandestina directamente a ningún representante del Consorcio, sino a otro empresario de Alzira, exsocio suyo en diversos negocios inmobiliarios, con una estrecha relación con Alfonso Rus y acceso a diversos políticos.
Según la versión del constructor, Ramón L. M. fue designado —no dijo por quién—como mediador, dados los vínculos comerciales y de amistad que unían a ambos desde hacía 15 años. El citado empresario, que también ejerció como apoderado y director de zona de la CAM, no ha sido llamado a declarar entre otras cosas porque falleció hace escasos meses, poco antes de que Asunción presentara la querella. Según el testimonio del constructor alcireño, el supuesto enlace lo citó en un restaurante de Almansa junto a otro socio suyo, pocos días después de haber mantenido Asunción un encuentro con Vicente Parra que terminó en discusión. El enfado, continúa éste, se produjo después de conocer que el COR iba a encargar el supuesto «informe externo arbitrario» para justificar la concesión a Vytrusa. Así, Ramón L. M. se habría ofrecido para «arreglar» la falta de acuerdo entre ambas partes. Parra fue rotundo ayer al afirmar que no mantuvo ningún contacto con el empresario.
Los técnicos de la Generalitat citados a declarar el lunes también avalaron la legalidad de la adjudicación y circunscribieron las discrepancias manifestadas no a cuestiones relacionadas con los terrenos sino con las proposiciones económicas. También los técnicos del COR, incluido el secretario, ratifican que el procedimiento cumplió los pliegos de condiciones.
