15 de enero de 2016
15.01.2016

Gandia "descubre" que las boleras que le costaron 6,7 millones están destrozadas

Dos días después de acceder a los locales que Torró compró el Gobierno local presenta una denuncia a la Policía Nacional - El exalcalde asegura que cuando la empresa que explotó los locales se fue toda la obra civil estaba en buenas condiciones

15.01.2016 | 04:15
Gandia "descubre" que las boleras que le costaron 6,7 millones están destrozadas

La empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG), de la que el ayuntamiento es socio único, sigue siendo una caja de sorpresas. Entre muchos otros aspectos, hasta ahora se sabía que había sido un instrumento de despilfarro y generador de una deuda de decenas de millones de euros, que se habían firmado contratos «de mentira» porque previamente ya se sabía que no iban a cumplirse o que desaparecieron ordenadores con información contable de enorme interés.

Pero la última sorpresa es del martes pasado, cuando el presidente de IPG, Vicent Mascarell, logró acceder la galería comercial del hotel Gandia Palace que el ayuntamiento, a través de IPG, compró a principios de la anterior legislatura. Nada menos que 6,7 millones de euros se comprometió en pagar el Gobierno local de Arturo Torró por unos locales que, al menos aparentemente, se han saqueado.

Esos locales, consistentes en cinco plantas que suman 5.452 metros cuadrados, estuvieron gestionados hasta noviembre de 2014 por la empresa Ozone, arrendataria de IPG. Allí abrió una bolera, cines y otros locales comerciales. Al final, todo cerró por falta de rentabilidad.

Según consta en documentos oficiales, cuando Ozone se fue lo dejó todo en buenas condiciones, pero hasta el martes pasado los nuevos responsables de IPG nombrados por el actual Gobierno local del PSPV-PSOE y la coalición Més Gandia no entraron en esas dependencias, cerradas con llave.

La visita se hizo en compañía de un notario para levantar acta de lo que allí había, y al abrir las puertas y recorrer las cinco plantas de la antigua galería de ocio lo que se encontraron fue poco menos que un paisaje de guerra.

Talla caída, barras desmanteladas, ladrillos por los los suelos, cables eléctricos arrancados, elementos técnicos de los antiguos cines con conexiones cortadas... De tal magnitud fue la sorpresa que ayer, dos días después de la visita, el gerente de IPG, por indicación del Consejo de Administración de la empresa pública, acudió a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía para presentar una denuncia al considerar que se ha producido el saqueo de una propiedad municipal.

Según señaló ayer el Gobierno gandiense, la Policía Local ha certificado que es imposible acceder al edificio desde el exterior de las instalaciones, de manera que descarta un acto vandálico cometido por ladrones. Después de que tenga lugar la investigación de la policía, el ayuntamiento estudiará medidas, sin descartar la presentación de denuncias contra quienes considere responsables de esta situación.

Al conocer la noticia, el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, que fue quien compró esa galería comercial, quien la alquiló a Ozone en enero de 2012 y quien rescindió prematuramente el contrato en noviembre de 2014, señaló a este periódico que esa empresa realizó obra civil, pero que los equipos interiores de las boleras, los cines y los otros elementos de ocio eran de su propiedad. Según Torró, el ayuntamiento certificó en 2014 que la obra civil «estaba en condiciones», por lo que consideró apropiado que se haya formulado una denuncia ante la Policía.

El exalcalde del PP aprovechó para enviar un recado al nuevo Gobierno local, advirtiéndole que algo similar podría ocurrir con las instalaciones del trinquet que se estaba construyendo junto a los campos de fútbol de Roís de Corella, con el edificio multiusos de la plaza del Baladre y con el centro de enfermos de alzhéimer, todos ellos paralizados.

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