En un reciente artículo de opinión el Sr. Javier Reig pretendía darle una patada al actual gobierno municipal (con el ya habitual golpe bajo a Ciudadanos), pero en el culo de la Memoria Histórica y con la excusa del «I Memorial Marcel·lí Pérez», organizado por la Associació Republicana de la Safor, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia, entre el 18 y el de enero.
Su empeño lo juzgo una doble osadía porque, comenzando por lo segundo, yo creo que en el PP son tan combativos contra una de las obras de misericordia (enterrar a los muertos) por la necesidad imperiosa que sienten de limpiar la breve y tan precaria biografía del partido, mixtificando unas raíces franquistas que no son sólo ideológicas sino incluso genéticas y dan frutos de esa misma naturaleza. Por eso llaman al olvido con la excusa de la reconciliación, aunque lo que realmente pretenden y exigen es la amnesia colectiva para lavar su conciencia enterrando la memoria. Porque luego son diestros en manipular la Historia cuando se trata, por ejemplo, de defender su obsesivo y muy peculiar concepto de unidad de España, ¡remitiendo a los Reyes Católicos y reivindicando hasta a don Pelayo!
Pero volvamos a los equilibrios dialécticos del Sr. Reig, quien se acoge al cínico argumento de la equidad que en este punto esgrimen sistemáticamente los adalides de esos olvidos selectivos del pasado. No, Sr. Reig, la violencia en territorio republicano no fue igual a la ejercida por los rebeldes, ni cualitativa ni cuantitativamente. Y como aquí no disponemos del espacio suficiente, para el aspecto cuantitativo me remito a los números de la mismísima Causa General, abierta por el propio Franco en 1940 y cerrada casi clandestinamente porque los datos no avalaban lo que se pretendía, ni retorciéndolos. Y para calibrar la calidad de la represión recomiendo «El holocausto español», de Paul Preston, donde el reconocido autor británico concluye, tras una rigurosa y prolífica investigación, que mientras la represión en el lado franquista fue una operación institucional «minuciosamente planificada», que se prolongó durante la postguerra, la violencia en el otro bando se produjo «a pesar de las autoridades republicanas, no gracias a ellas». Estas conclusiones las avalan historiadores tan prestigiosos como Ángel Viñas, Julián Casanova, Enrique Moradiellos, Ismael Saz o el recientemente desaparecido Julio de Aróstegui, entre otros muchos. Y lamento no poder detenerme, aquí y ahora, en el aspecto historiográfico de la cuestión (incluyendo los francotiradores, que haberlos, haylos) porque, como muy bien escribe también P. Preston en otro libro: «en este momento, la Guerra Civil española se está luchando todavía sobre el papel», que es donde deberían dirimirse todas las guerras? Por si a alguien le interesa el tema, y para ir haciendo boca, recomiendo el «Anti Moa» de Alberto Reig Tapia o el dossier coordinado por Ángel Viñas sobre Stanley G. Payne (el renegado Payne, que diría Lenin), que se puede consultar gratuitamente en el nº 1 extraordinario de la revista electrónica «Hispania Nova».
No, Sr. Reig, la Ley de la Memoria Histórica no es un capricho ocasional ni una venganza sino la reivindicación de un derecho para satisfacer una necesidad colectiva y reparar una injusticia atroz. No va contra nadie (lávense ustedes su mala conciencia en otra fuente, procurando no tragar agua) sino a favor de los olvidados y proscritos durante el largo invierno franquista y postfranquista, que fue cualquier cosa menos un régimen plácido (como pretende Mayor Oreja). Quienes veneran la obra faraónica de Cuelgamuros ni quienes avalan las beatificaciones en masa de las víctimas de un bando no pueden negarle el derecho elemental a honrar a sus muertos a los del otro. Por muchas y evidentes razones. Entre otras, por simple coherencia (al menos por una vez) con lo que predican y porque si el Espíritu Santo no anduviera por aquí tuerto del ojo izquierdo, como la Justicia, seguramente también habría que canonizar a Marcel·lí Pérez, a Vicente Altabert o al Dr. Peset, por citar sólo tres casos muy cercanos de republicanos que también murieron por ser coherentes con sus ideas; todos ellos ayudaron a salvar vidas de religiosos y, no obstante, acabaron vilmente fusilados tras una farsa judicial y por el «delito» de defender la legalidad vigente? E insisto en que éstos son sólo tres casos muy concretos, que cito por su proximidad, pero no únicos entre los miles de asesinados, muchos de los cuales permanecen desaparecidos. Y son tantos que, para nuestra vergüenza colectiva, España es hoy el segundo país en el mundo en número de desaparecidos, sólo por detrás de Camboya.
Pero la patada dialéctica del Sr. Reig iba dirigida contra el actual gobierno municipal, que no da abasto para reparar entuertos, fraudes y mentiras del pasado, en el que participaba nuestro interlocutor desde un puesto destacado. Que un alto representante del gobierno más manipulador de nuestra historia democrática hable de tratar por igual a todos los ciudadanos es más sarcasmo que mera paradoja y baste recordar cómo trataban ellos a los disidentes, comenzando por la oposición.
El Sr. Reig proclama que «todos sabíamos el riesgo que se asumía» cuando se confió el gobierno municipal a las formaciones políticas actuales. Mucho me temo que, por desgracia, gran parte de quienes otorgaron en su día la mayoría absoluta al por ahora doblemente imputado Sr. Torró no eran conscientes de la barbaridad con la que estaban colaborando inconscientemente, pues no podían imaginar el daño que llegaría a hacer a esta ciudad un manirroto irresponsable con vocación de vampiro rosa, apoyado por unos concejales que, por lo visto, se limitaban a corroborar (hasta que vieron en peligro sus respectivos patrimonios) la ilegalidad continuada en la que se movía un gobierno que vivía de mentiras y promesas a coste cero.
En fin, Sr. Reig, yo sí creo que un gobierno responsable debe implicarse en las causas justas y espero que el de mi ciudad lo siga haciendo, a la vez que va reparando todo lo que ustedes destrozaron, que fue mucho.
