09 de febrero de 2016
09.02.2016

Un juzgado de Gandia amplía al PP la investigación por los créditos firmados sin el aval del Consell

El Gobierno de Gandia aportó los documentos del primer año de gestión del concejal Guillermo Barber

08.02.2016 | 23:02

El gobierno de Gandia (PSOE-Més Gandia) ha presentado en los juzgados de esta ciudad un escrito para que se amplíe la investigación de ocho pólizas que en su día solicitó el consistorio en la etapa presidida por el socialista José Manuel Orengo, por valor de 22 millones de euros, a la renovación que decidió el anterior responsable de Hacienda en el consistorio, el popular Guillermo Barber.

Las pólizas fueron solicitadas por el ejecutivo presidido por Orengo, sin autorización del Consell de la Generalitat. Desde el PP señalan que se trata de una investigación por una falta administrativa.

Al carecer de autorización de la administración autonómica, el PP interpuso una denuncia en la pasada legislatura y tanto el exalcalde socialista como la entonces edil de Hacienda, Ana García, y el interventor, fueron imputados.

Cuando el Partido Popular entró a gobernar en 2011, el entonces concejal de Hacienda, Guillermo Barber, ante la imposibilidad de devolver esas pólizas porque, según el PP, en ese momento se encontraron con un saldo de tres millones de euros, las renovaron por un año. Según el concejal Barber, la renovación se llevó a cabo «a propuesta del interventor y del tesorero municipal, que avalaban la operación ante la imposibilidad de devolver esos 22 millones de euros».

Ahora, el Gobierno de Gandia ha solicitado la investigación de la ampliación de estas pólizas autorizadas por los mismos hechos que los populares denunciaron en su día a Orengo y García, ya que la renovación llevada a cabo por el PP en 2011 tampoco tenía la autorización de la Generalitat.

Desde el Partido Popular argumentan que sólo se cuestiona la renovación de las pólizas en 2011 porque en el año 2012 el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy cambió la normativa y, a partir de ese momento, la operación se realizaría de forma automática, abonando solo los intereses y no la devolución del capital.

El concejal Barber indica que en su caso había autorización y que, de no hacerse así, no se hubieran pagado ni las nóminas de los trabajadores.

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