Víctor Soler y Vicent Gregori, portavoces del PP en el Ayuntamiento de Gandia, denunciaron ayer «la práctica generalizada de enchufismo» por parte del Gobierno local, a cuyos integrantes calificaron como «socialistas e independentistas».

Los dos concejales aseguraron que en estos ocho meses de legislatura han contabilizado hasta 39 «enchufados» en la empresa pública IPG, si bien posteriormente se pudo comprobar que se trata de personal que sigue trabajando en IPG y que fue contratado en la anterior legislatura.

En el ayuntamiento, siempre según el cómputo de los ediles del PP, habría otros 41 «enchufados», relación en la que incluyen todos los asesores y miembros del Gobierno local que fueron anunciados en su día y cuyos sueldos fueron publicados.

Ante esta situación, el PP anunció que va a pedir cuáles son los procesos de selección que se han seguido y un listado completo del personal empleado en IPG.

«Ellos están haciendo lo mismo que nos criticaban a nosotros», se quejaron Víctor Soler y Vicent Gregori, quienes aseguraron que, entre conserjes, personal de apoyo para la Fira, para eventos deportivos y para ampliar el horario de la biblioteca han detectado que «el 90 % de los enchufados son socialistas».

Los populares destacaron que no cuestionan el personal eventual que es público y sirve de apoyo al Gobierno de Gandia y Grupos Municipales, sino que su crítica se deriva de las contrataciones «sin aparente proceso de selección».

«Nos resulta curioso que el único mérito para ser contratado por el Ayuntamiento de Gandia, IPG o las empresas concesionarias tenga que ser portando el carnet socialista», dijo Vicent Gregori.

«Que no vuelvan a mentir»

Ni un minuto dejó pasar el Gobierno local en responder a los dos concejales del PP. José Manuel Prieto, del PSPV, y Lorena Milvaques, de Més Gandia, aportaron documentos y señalaron que el coste de las nóminas en IPG ha pasado de 313.000 euros cuando gobernaba el PP a los 88.000 euros del pasado mes de enero.

Prieto y Milvaques añadieron que todos los cargos de confianza del Gobierno local fueron anunciados y sus nombres y sueldos publicados en la web del ayuntamiento, y recordaron que, en la pasada legislatura, tuvieron que acudir a los tribunales para poder obtener la relación de «enchufados» del PP, tanto en el ayuntamiento como en IPG.

Respecto a los casos de conserjes y personal de apoyo para actos, Prieto y Milvaques indicaron que no se trata de contrataciones del ayuntamiento, sino de empresas que prestan servicios al consistorio y que son sus responsables quienes eligen a los trabajadores.

Prieto mostró la lista de los 45 cargos de confianza «que pululaban por el consistorio sin tener una función concreta más allá de la red clientelar que montó el PP» y aprovechó las críticas para anunciar que «todos los costes de personal de IPG se publicarán en la web municipal para que el PP nunca pueda volver a mentir sobre este tema».

Por su parte Lorena Milvaques dijo que cuando gobernaba el PP «había una dictadura donde nadie discutía al todopoderoso» y que comparte la política de contrataciones del Gobierno local.