El Ayuntamiento de Gandia tiene casi elaborado el presupuesto municipal de 2016, pero aún no ha decidido hacerlo público porque teme que, a las esperadas críticas del grupo de concejales del PP, se sumen las de asociaciones y colectivos locales que tendrán que sufrir los recortes económicos reflejados en ese documento.
Por ese motivo, el Gobierno local, en su afán de suaviazar al máximo los recortes, se ha tenido que encomendar a otras administraciones, fundamentalmente la Diputación de Valencia, para que le echen un cable, asuman gastos que le corresponderían al ayuntamiento y contribuyan a aminorar las consecuencias políticas del drástico recorte.
Así de claro, pero con otras palabras, lo explicó ayer el coordinador de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Gandia, el socialista Salvador Gregori, después de haber sido blanco de las críticas de su antecesor en el cargo, el popular Guillermo Barber, por no haber presentado todavía el borrador del primer presupuesto de la legislatura.
Gregori dijo que, en líneas generales, las cuentas de 2016 están hechas desde hace un mes, pero añadió que «estamos negociando con la diputación, y también con la Generalitat», para que aprueben líneas de subvención o asuman el pago de servicios públicos porque, según reconoció Gregori, «se hace muy difícil salir con una propuesta de presupuesto tan dura». Dependiendo de esas negociaciones, que en parte están dirigidas por la alcaldesa de la ciudad y representante en la Diputación de Valencia, Diana Morant, el responsable de Economía y Hacienda ajustará los números.
Sea cual sea el resultado, los concejales del Gobierno local del PSPV-PSOE y de la coalición Més Gandia ya han sido informados de que tendrán que dirigirse a los colectivos de la ciudad para anunciarles los recortes y tratar de convencerles de que no existe más opción que gastar menos, en todos los ámbitos, para cumplir los dos preceptos básicos que se quieren imprimir al presupuesto: por una parte cumplir la ley y, por otra, somterse a las directrices del Plan de Ajuste Económico pactado con el Ministerio de Hacienda y aprobado por la Generalitat.
Solo así se estima que existe la posibilidad de devolver los 330 millones de euros que el ayuntamiento debe a los bancos y a los proveedores, y hacerlo desde ahora hasta el año 2032, es decir, a un ritmo de 20 millones al año.
Los recortes en contratos, servicios, subvenciones, fiestas, gasto corriente e inversiones ya se están produciendo, pero la auténtica dimensión del tijeretazo se conocerá cuando se dé a conocer el presupuesto de 2016.
