El Gobierno local de Gandia, una de las ciudades económicamente más ahogadas de España, se ha visto en la necesidad de erigirse en el impulsor de una especie de «pacto de estado» para que todas las administraciones ayuden a salir del agujero a aquellos municipios que son «inviables económicamente».
Ese concepto viene como anillo al dedo a Gandia, ciudad con una deuda de 330 millones de euros, 4.300 por habitante, cuyo gobierno local, del PSPV-PSOE y la coalición Més Gandia, ha reconocido que no puede elaborar el presupuesto municipal de 2016 si, como es su intención, tiene que ser legal y cumplir el Plan de Ajuste que pactó el Ministerio de Hacienda. En tono grave, e incluso con un cierto dramatismo, la alcaldesa gandiense, Diana Morant, señaló ayer que se encuentra «en el escenario más complicado de la historia de Gandia» porque están en la tesitura de elaborar un presupuesto «que no suponga el fin de la vida en esta ciudad».
Cuando la alcaldesa habla de «vida en la ciudad» se refiere, obviamente, a no tener que cerrar servicios esenciales, entre ellos las ayudas a familias en situación de emergencia, o dejar completamente a cero las ayudas a entidades locales de todo tipo.
En esa situación, Morant, que compareció junto a la vicealcaldesa, Lorena Milvaques, explicó que este ayuntamiento está manteniendo reuniones con el Ministerio de Economía y Hacienda, la Generalitat, la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para llegar a un acuerdo cuya finalidad es que los ciudadanos de esos municipios ahogados no tengan que pagar las consecuencias de la pésima política económica que han aplicado sus gobernantes.
Consenso y hoja de ruta
Dice Diana Morant que, para que salga adelante, este acuerdo debe contar con el consenso institucional y, así, permitir que la Generalitat o la diputación destinen más dinero para rescatar a localidades que están en la quiebra absoluta. En contrapartida, la alcaldesa señaló que esos municipios se tendrían que comprometer a justificar «cada céntimo de euro gastado» para que se pueda comprobar que todos los recursos se destinan exclusivamente a necesidades básicas.
Solo así, reconoció Morant, los alcaldes que en su momento se abrocharon el cinturón y cumplieron con las leyes de ahorro y de estabilidad presupuestaria podrían aceptar las medidas y no criticar el mimo a ciudades que, como Gandia, gastaron durante años decenas de millones de euros que no tenían.
El primer precepto de este pacto para el rescate sería que los municipios beneficiados hayan puesto en marcha una «hoja de ruta» aprobada por todas las administraciones, que es lo primero que hizo el nuevo gobierno gandiense, heredero de la monumental deuda dejada por la gestión del PP.
«Estamos en vías de construir ese nuevo instrumento», concluyeron ayer Morant y Milvaques, que están a la espera de que se concrete esa fórmula para presentar un presupuesto municipal de 2016 «que no sea tan duro», como dijo esta semana el responsable municipal de Hacienda, Salvador Gregori.
Como es sabido, durante la pasada legislatura, el PP de Gandia, que tenía mayoría absoluta, solo aprobó un presupuesto legal, el de 2012. En 2013 y 2014 no incluyó gastos obligatorios, y el de 2015 no se aprobó porque hubo concejales del PP que se negaron ante la amenaza de acciones judiciales.
