En política no siempre se está en contra de lo que dice el otro por ser de un partido rival, y mucho menos cuando las cosas que se están gestionando son de una enorme gravedad y afectan a la vida de miles de personas.
Un ejemplo que llama la atención es el ocurrido esta semana en Gandia. El representante del Gobierno de España en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, militante del PP, acompañó a Madrid a la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, del PSPV-PSOE, para negociar ante el Ministerio de Hacienda la devolución aplazada de un crédito bancario de 20 millones de euros, dado que el ayuntamiento no tiene dinero para cumplir sus compromisos.
Ese mismo día se supo que el ministerio reserva 51 millones de euros para que Gandia cumpla con sus compromisos bancarios de 2016, lo que permitirá elaborar un presupuesto municipal dentro de la ley, algo que no ocurrió en los tres últimos años del anterior gobierno local del PP.
Lo significativo de esta reunión está justamente en la foto. Morant y Moragues, PP y PSOE, unidos, en nombre de las administraciones que gestionan para aportar soluciones económicas a la ciudad más endeudada de la Comunitat Valenciana. Gandia tiene números rojos que alcanzan los 330 millones de euros, a razón de 4.300 euros per cápita.
Y, aunque en la foto no aparezcan, también están en el fondo de esa actuación el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, otro dirigente del PP, en cuyo departamento se están negociando y aprobando acciones que ayudarán a Gandia a salir del inmenso pozo en el que se encuentra.
Tampoco estaban físicamente en ese despacho de Madrid los concejales de Més Gandia y de Ciudadanos de Gandia, que también votaron a favor de las medidas impuestas por el Ministerio de Hacienda para aprobar un Plan de Ajuste Económico para dejar saneado el ayuntamiento que se extiende hasta el lejano año 2032. Entre esas medidas aprobadas, la más dura para los ciudadanos fue la subida de impuestos, hasta en un 24 % en el caso del IBI.
Ilegalidad por no subir impuestos
Esta conjunción de personas, administraciones y partidos que las gobiernan ha dejado descolocado al PP de Gandia y, especialmente, al anterior gobierno local dirigido por el alcalde, Arturo Torró, que en cuatro años no fue capaz de conseguir un pacto para situar al ayuntamiento en la senda de la viabilidad económica.
A pesar de que en 2011 Torró se encontró un ayuntamiento que ya acumulaba 220 millones de euros en deudas, nunca consiguió la complicidad y la receptividad que buscaba en el Ministerio de Hacienda, como sí ha ocurrido ahora, y «rescatar» a la ciudad que gobernaba. No lo logró porque se negó a aplicar la receta de subir impuestos.
Abandonado por el «amigo» Montoro y respaldado por los 12 concejales del PP gandiense, el alcalde prefirió no solo incumplir la ley y dejar de pagar a los bancos, un dinero que se tendrá que devolver ahora, sino que tampoco contuvo el gasto que llevó a elevar la deuda total del municipio al récord de 330 millones de euros.
Ante esta situación, el exconcejal de Hacienda del PP, Guillermo Barber, ha salido esta semana para lanzar un mensaje contradictorio. En primer lugar, dio «la enhorabuena al gobierno local» por lograr los mecanismos para pagar a la deuda, y señaló que «nosotros los intentamos durante la pasada legislatura». Pero después criticó que, entre esas medidas, figure la subida de impuestos aprobada el pasado julio.
Búsqueda de más dinero
Aun así, los esfuerzos del gobierno gandiense para aprobar el presupuesto de 2016 no han acabado. Como anunciaron la alcaldesa Diana Morant y la vicealcaldesa Lorena Milvaques, ahora falta un «pacto de estado» para que todas las administraciones financien una parte de los gastos municipales para evitar que los recortes a que están obligados supongan el cierre de servicios y la eliminación de ayudas a asociaciones y a personas y familias que están en riesgo de exclusión social.
