Una pequeña coge el teléfono móvil e intenta hablar. Llama a su tío, Vicente Ramón Lobos, pero este no responde. La cobertura de su móvil no llega hasta Paraguay, donde unas pocas horas antes aterrizaba este joven de 27 años que ha sido deportado por el Gobierno español tras ocho años viviendo en Gandia. No tenía papeles, pero trabajaba cada día por conseguirlos, en el campo, recogiendo chatarra, repartiendo, etc.
Hace unos años fue detenido por conducir ebrio. La Policía Nacional le impuso la obligatoriedad de asistir cada mes a la comisaría de Gandia a firmar, además de la orden de expulsión por no disponer de permiso de residencia. El lunes entró y ya no salió, se quedó retenido. «Llegó una orden del ministerio de que en un vuelo a Paraguay había una plaza reservada para Vicente Ramón», explica Joan Cogollos, activista de Amnistia Internacional, en el salón del piso que el joven deportado compatía con su madre, su hermana y sus sobrinas. «No le dejaron ni cambiarse de ropa ni lavarse durante tres días, tenía el pelo sucio, los dientes negros. Le trataron como a un criminal», explicaba Elisa, su hermana.
La joven, de 28 años, lamenta que Vicente «tenía aquí sus amigos, su novia, y ahora lo ha perdido todo». Ella, personalmente, dice que «me he quedado sin alguien que suponía un gran apoyo para mí y no sé si lo volveré a ver». Elisa padece una enfermedad y asegura que su hermano era una figura importante a la hora de mantener en buen estado su salud.
Cuando se enteró de que Amnistía Internacional, a través de Cogollos, les podría echar una mano, ya era demasiado tarde.
Vicente estuvo unos días en la comisaría de Gandia, donde solo pudo ser visto en dos ocasiones por su madre. De ahí fue trasladado a Madrid y desde el aeropuerto de Barajas cogió un vuelo hasta Asunción, la capital de Paraguay. «Nosotros no tenemos recursos y no pudimos contratar a un abogado», explica la hermana, resignada, quien asegura que pese que hacía dos días que había aterrizado en su país «aún no he podido hablar con él».
Cuando Joan Cogollos se interesó por la situación de Vicente, este ya estaba en Madrid. «Cuando hay vuelos de la vergüenza (se fletan de forma expresa para deportar inmigrantes ilegales) desde entidades como 'CIE's NO' nos movilizamos y hacemos campaña pero en este caso era un vuelo regular», explica Cogollos.
Escasos recursos
«Es muy injusto. Nadie debería expulsar a las personas de un país. No somos una mercancía, todos somos personas, da igual del sitio del que vengamos», reflexionaba la apesadumbrada joven.
Elisa, sus dos hijas menores y su madre viven de un pequeño puesto que la progenitora regenta en mercadillos medievales. Además, recibe una insuficiente ayuda económica de 200 euros del Ayuntamiento de Gandia, «al que le estoy muy agradecida», dice.
El drama de esta familia es que no disponen de recursos suficientes para regresar a su país. Elisa y su madre sí que cuentan con el permiso de residencia y las dos pequeñas tienen la nacionalidad española.
«Yo no puedo volver porque tengo aquí al médico que me trata. Además, allí no podría pagarme la medicación porque en Paraguay la sanidad se paga, no es como en España», apunta la mujer. Resignada asegura que «yo me debo a mis hijas y me necesitan aquí con ellas. Me apena mucho lo de mi hermano pero si no lo tengo que volver a ver, no lo haré, pero tengo que dar la vida por mis dos hijas aquí».
