El Ayuntamiento de Gandia está esperando la autorización del juzgado para desalojar una decena de viviendas de un edificio ubicado en la calle Perú 57, justo enfrente del instituto Tirant lo Blanc, que se encuentran ocupadas de forma ilegal, según ha podido comprobar la Policía Local a través de distintas inspecciones.
El asunto se conoció por la denuncia de vecinos de este inmueble, que se quejaron de que se estaban generando muchos problemas de convivencia. Desplazada una patrulla hasta el lugar, se comprobó que varias viviendas presentaban el pomo y el marco roto, lo que indica que sus moradores han entrado de forma ilegal.
En realidad, este edificio pertenece a una empresa que se adjudicó el solar, propiedad del ayuntamiento, a cambio de construir viviendas para alquiler. La empresa, que tuvo problemas económicos, ha entrado el concurso de acreedores y adeuda cientos de miles de euros al ayuntamiento.
Por ese motivo, una vez conocidos los hechos, el departamento de Seguridad Ciudadana que dirige la concejala Àngels Pérez puso en conocimiento de la situación a la mercantil para que fuera ella, como titular de los pisos ocupados, la que presentara las pertinentes denuncias e intentar el desalojo de esas personas.
La propia Pérez confirmaba ayer a este periódico que, tras varias reuniones con representantes de la constructora, «desde la comisaría de la Policía Nacional me confirmaron que se había interpuesto la denuncia». Así pues, desde el consistorio están ahora a la espera de que el juez dicte una orden de desahucio de estas viviendas ocupadas por el método de entrar a vivir sin pedir ningún permiso.
Lo cierto es que la situación de este edificio es rocambolesca. En realidad, está construido sobre suelo público. Este fue cedido a la mercantil, que debía construir a cambio de pagar un canon al consistorio (que hace mucho tiempo que no abona) y de alquilar las viviendas a personas de renta baja.
Preocupación por los inquilinos
De hecho, en el inmueble hay muchas familias que viven de forma perfectamente legal, que en su momento firmaron un contrato con la empresa y que han pagado su alquiler religiosamente.
En toda esta situación de conflicto social desde el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gandia han mostrado su preocupación por el futuro de estos arrendatarios. Y es que, según señalaron ayer desde el departamento que dirige Nahuel González, la empresa propietaria del inmueble ha entrado en concurso de acreedores. «Hace unos meses envío una notificación a los vecinos avisándoles de que les iba a cortar el agua y la luz porque no podían pagar», apuntaba Jaume Giner, asesor de González y conocedor de este problema.
«Nuestra preocupación es que han venido inquilinos de este inmueble que han pagado sus alquileres asustados y preocupados porque iban a quedarse sin casa», señalaba el representante municipal.
Respecto a las otras personas que han ocupado ilegalmente las viviendas, el ayuntamiento dice desconocer cuál es su perfil. En todo caso, Giner,aseguraba que «si en Servicios Sociales se comprueba que entre los ocupantes hay alguna familia en riesgo de exclusión trabajaremos por encontrarle una solución».
