Una comisión formada por técnicos y representantes de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Gandia se ha puesto a estudiar de qué forma se pueden terminar las obras del polígono industrial y comercial de Sanxo Llop, donde se encuentra funcionando desde hace casi un año el nuevo hospital comarcal.
Tras la primera jornada de debate y reflexión, celebrada ayer, el responsable de Urbanismo de Gandia, Vicent Mascarell, ha quedado emplazado a mantener una reunión con representantes de la promotora, Aprusa, para que aporten su criterio respecto a la finalización de unos trabajos que están atascados desde hace años.
La solución no es sencilla. El polígono, que en total iba a costar 33 millones de euros, está ejecutado al 40 %, de manera que faltan casi 20 millones que nadie tiene porque buena parte de los propietarios optaron por «pagar» la urbanización cediendo terrenos que hoy no valen ni la mitad de lo que el mercado fijaba hace diez años.
Según ha podido saber este periódico, tres son las fórmulas que están sobre la mesa. La primera sería aceptar la petición de Aprusa y prorrogar durante año y medio el plazo para que acabe las obras. Sería el tercer aplazamiento autorizado desde 2010.
La segunda fórmula consiste en suspender definitivamente la ejecución del polígono, algo que abriría un sinfín de consecuencias jurídicas para determinar el reparto del suelo y del dinero que hay invertido, así como la situación en la que quedarían los propietarios de los terrenos.
La tercera propuesta, y por la que inicialmente se inclina el Gobierno local gandiense, sería rescindir el contrato con la promotora Aprusa y que el ayuntamiento se quedara directamente la gestión del polígono de Sanxo Llop. El principal problema es que el consistorio tampoco tiene dinero para las obras, de manera que podría asumir una responsablidad incapaz de cumplir.
A estos planteamientos el representante del PP en la comisión de Urbanismo, Toni Abad, propuso la de intentar que un grupo inversor se interese por el polígono y la gestión de las parcelas, lo que permitiría que el capital necesario saliera de empresas privadas. Esa fórmula tampoco escapa de complicadas consecuencias jurídicas entre propietarios, empresa promotora y Administración local.
El objetivo ahora es precisamente aclarar las dudas y poner sobre la mesa la fórmula que, dentro de la ley, ofrezca el mejor resultado para los propietarios que, desesperados, entregaron su tierra para disponer de parcelas y se han quedado sin nada y, encima, el ayuntamiento ni siquiera puede librarlos de que tengan que seguir pagando impuestos como suelo urbano.
Los 467.000 metros cuadrados de Sanxo Llop se han convertido en un rompecabezas cuya solución económica y jurídica todavía está por escribir.
