La Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat ha comunicado al Ayuntamiento de Oliva la obligación de demoler la depuradora de Rabdells que este municipio construyó en el año 2008 sobre suelo que tenía la calificación de protegido. En concreto está ubicada sobre el área de afección del parque natural del Marjal de Pego-Oliva y no contaba con la autorización de la Generalitat, administración competente en la gestión de ese espacio natural.
En un escrito remitido el pasado mes de febrero, el Consell impone al ayuntamiento una multa de 3.000 euros al mes mientras no se realicen las obras de demolición y se restituya la parcela a su estado anterior.
La resolución supone un mazazo para el ayuntamiento, que, en el caso de obedecer de forma inmediata, dejaría sin sistema de depuración a decenas de viviendas de Rabdells, que verterían las aguas residuales directamente al subsuelo. Por ese motivo incluso podrían perder la cédula de habitabilidad que tienen otorgada.
Para evitar ambas consecuencias, el alcalde David González y el concejal Blai Peiró han planteado una propuesta a la Generalitat consistente en aplazar la demolición de la depuradora y la multa de 3.000 euros mensuales hasta que se construya el nuevo sistema de depuración de aguas residuales para todas las zonas urbanas de Oliva. Ese proyecto, del Ministerio de Medio Ambiente, está en fase de estudio y su redacción costará unos 450.000 euros.
González y Peiró trasladaron la propuesta al director general del Medio Natural de la Generalitat, Antonio Marzo, quien, a la espera de la contestación formal, ha visto razonable esta solución.
300.000 euros tirados
La depuradora de Rabdells, que costó alrededor de trescientos mil euros, se construyó a lo largo del año 2008 a pesar de que la Generalitat, tras detectar las obras sin autorización, solicitó reiteradamente al ayuntamiento que detuviera los trabajos. El Gobierno local, criticado entonces por algunas formaciones políticas, optó por seguir adelante y presentar recursos administrativos y judiciales. En el año 2011 una sentencia cerraba el conflicto danto la razón a la Administración autonómica, lo que ha desembocado en la orden de demolición que, seguramente, se aplazará.
