El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia ha dado instrucciones para que otro juez abra una investigación penal contra el exalcalde del PP, Arturo Torró, y contra quien fue su concejal de Hacienda, Guillermo Barber, al apreciar que ambos pudieron incurrir en delitos de prevaricación por la realización de ocho operaciones de tesorería, que incluyen créditos bancarios, firmados entre septiembre de 2011 y el mismo mes de 2014.
La decisión se adopta en las instrucciones de la querella que el propio Arturo Torró presentó contra su predecesor en el cargo, el socialista José Manuel Orengo, por haber firmado créditos bancarios entre los años 2009 y 2011 sin el aval de la Generalitat Valenciana, a pesar de que el Ayuntamiento de Gandia requería esa autorización al estar condicionado por un plan de ajuste económico. Por esa querella están imputados por prevaricación tanto Orengo como quien fue su concejala de Hacienda, Ana García.
En la causa de su defensa, Orengo detectó que Arturo Torró también había llevado a cabo ocho operaciones de tesorería que suman más de 27 millones de euros y que se formalizaron entre 2011 y 2014 pese a que contaban con informes en contra de la Intervención del ayuntamiento y carecían de la autorización de la Generalitat. Analizados esos documentos, el juez aprecia que, al superar el Ayuntamiento de Gandia el nivel de endeudamiento financiero legalmente previsto, «se exigía con carácter previo a suscribir tales operaciones la preceptiva y previa autorización expresa del órgano administrativo de tutela, la Generalitat Valenciana». Por ese motivo, aprecia prevaricación en Torró y Barber y solicita expresamente que se abra una causa penal por parte de otro juzgado gandiense.
Una querella-bumerán
Lo curioso de este caso es que, en el caso más que probable de que otro juez abra instrucciones para investigarle, la querella que Torró presentó a Orengo se habría vuelto definitivamente contra el mismo exalcalde del PP, algo que tiene todos los visos se certificarse en los próximos días porque es un juez el que, analizada la documentación y los detalles, pide a otro que abra la investigación penal. Si finalmente eso acaba produciéndose, el «efecto bumerán» hará que el querellante pase a ser investigado por el mismo delito.
En este caso, las similitudes entre Orengo y Torró es que ambos formalizaron operaciones bancarias que han acabado endeudando al Ayuntamiento de Gandia en decenas de millones de euros y que obligan a apretarse el cinturón durante muchos años. La diferencia es que Orengo contaba con informes realizados por asesores jurídicos que avalaban la supuesta legalidad de los créditos basándose en la figura del «silencio administrativo» de la Generalitat. Torró, en cambio, fue repetidamente advertido por informes técnicos que le informaban de que esas operaciones de tesorería eran ilegales.
