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La fiscalía investiga el contrato que motivó las expulsiones en C's de Gandia

Los dos asesores de Ciro Palmer que perdieron sus cargos y la militancia presentaron el escrito al apreciar delitos - Argumentan que Vicente Escolano está inhabilitado por una sentencia judicial

La fiscalía investiga el contrato que motivó las expulsiones en C's de Gandia

La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto una investigación de carácter penal para determinar si se han cometido delitos en la adjudicación de un concurso público por parte del Ayuntamiento de Gandia a la empresa Te Toca Safor, de la que es administrador Vicente Escolano. El contrato, que ya está en vigor, es para la gestión durante dos años del Centro Deportivo Roís de Corella.

La investigación anunciada por la fiscalía surge a raíz del escrito presentado por los dos asesores del concejal de Ciudadanos (C's) de Gandia, Maximiliano Doncel y Daniel Martí, quienes consideran que el empresario Vicente Escolano, militante y colaborador de C's, está inhabilitado para firmar contratos con la Administración a raíz de una sentencia judicial firme del año 2003 que le condenó por fraude la Seguridad Social.

Precisamente fue la presentación de ese escrito a la fiscalía y las actuaciones que Doncel y Martí llevaron a cabo sin el consentimiento de su jefe de filas, el concejal Ciro Palmer, lo que generó que ambos fueran destituidos como secretario y grupo y asesor de C's en el Ayuntamiento de Gandia. Y, paralelamente, se les suspendió de militancia en el partido. En ambos casos eso se produjo a instancias del concejal Palmer, que les acusó de «deslealtad grave» en sus actuaciones.

Ahora, con la apertura de esta investigación penal, son los dos asesores los que cargan contra Palmer, al que ayer acusaron de intentar «por todos los medios posibles, incluso las amenazas», que denunciaran los hechos contra el empresario Vicente Escolano, al que calilfican como «íntimo colaborador» de Palmer y una de las personas que contribuyó a financiar al partido en la campaña electoral del año 2015.

«Es curioso que Palmer nunca quisiera hacer públicos los gastos de campaña de su partido, pese a ser este uno de los puntos del programa electoral de la formación naranja», indicaron ayer Doncel y Martí, quienes consideran que la decisión de la fiscalía de abrir la investigación supone un espaldarazo a sus planteamientos.

Doncel también acusó directamente a la alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, y a los concejales de Administración y de Deportes, José Manuel Prieto y Lydia Morant, de haber hecho caso omiso a sus advertencias y firmar la adjudicación definitiva del contrato para gestionar el centro deportivo Roís de Corella al empresario Escolano, e incluso auguró que los tres responsables municipales serán citados a declarar por estos hechos.

Consulta al ministerio

A raíz de revelarse la sentencia que afectaba a una de las empresas de Vicente Escolano y que lo condenaba por fraude a la Seguridad Social, el gobierno local de Gandia solicitó a sus servicios jurídicos informe sobre la legalidad de la adjudicación, concluyendo que, en lo que respecta a la actuación municipal, todo el procedimiento había sido correcto. Otra cosa sería que Escolano, hubiese ocultado esa situación al firmar un documento en el que declaraba no estar en ninguna causa de incompatibilidad para contratar con la Administración.

Ante la situación creada, la alcaldesa de la ciudad reunió al resto del gobierno local, que decidió de remitir un escrito al Ministerio de Hacienda con toda la documentación adjunta para que aclare si el contrato es legal. Ese escrito aún no tiene respuesta.

El gobierno local dijo ayer sentirse «tranquilo» y dispuesto a colaborar con la justicia para aclarar todos los términos del contrato.

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