El juzgado de instrucción número tres de Gandia ha llamado a declarar en condición de investigados a varios concejales y asesores del Gobierno del PP de Gandia por el caso de las subvenciones que quien fuera alcalde en la pasada legislatura, Arturo Torró, concedió a Tele 7, bien de forma directa o mediante contratos publicitarios, hasta un montante que rondaba los 1,5 millones.
En el auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, el juez cita a declarar para el próximo mes de junio a quien fuera el hombre fuerte del Ejecutivo de Torró y actual asesor del grupo municipal del PP, Javier Reig. En este caso, el magistrado le llama como vicepresidente del consejo de administración de la empresa pública, IPG, entidad desde la que se canalizaban estas subvenciones.
A Reig, se suman Toni Abad, exconcejal de Urbanismo y la asesora Cristina Serrano. En su escrito, el juez considera que «no puede descartarse la participación directa, material y personal» de estos cargos. Los tres están citados a declarar el próximo 22 de junio a las 9.30 horas. En el auto del juez hay además, otros tres nombres, que también deberán pasar por el juzgado a ofrecer su versión de los hechos.
Se trata de José Vicente Codina, que en el momento de la concesión de subvenciones figuraba como administrador de Inversiones Especiales del Mediterráneo SL, sociedad propietaria del canal privado Tele 7, que posteriormente fue adquirido por el Grupo Radio Gandia.
También pasarán ante el juez Josep Lluís Giménez, quien ejercía como director de la cadena -y que posteriormente se puso al frente de la revista Sociedad y Política, regada con una importante cantidad de dinero durante el mandato de Torró-, y Juan Antonio Juárez, actual gerente de IPG, y que ha sido llamado a declarar a petición de la defensa de Arturo Torró. El exalcalde de Gandia también figura como investigado en esta causa y ya declaró ante el juez a principios del pasado mes de marzo.
El magistrado, sin embargo, rechaza la declaración de Víctor Soler, que era responsable de Contratación porque «se limitaba a firmar los pliegos».
Torró niega su vinculación
El proceso judicial surge a raíz de una querella presentada por el PSOE. Esta formación considera que el exalcalde popular había otorgado, en 2011, subvenciones por valor de 1,5 millones de euros a este canal de televisión local que fueron derivados a empresas relacionadas con el propio Torró, en tanto que el propietario de Tele 7, Jorge Masià, compartió varios negocios con él. Ante el juez, el exalcalde reconoció la relación con este empresario pero dijo que se remontaba a los años 2006 y 2007,, antes de ganar las elecciones. Negó de forma rotunda su vinculación a la cadena.
