El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gandia ha decidido abrir una investigación para determinar si el exalcalde de la ciudad, Arturo Torró, y quien fue su concejal de Hacienda, Guillermo Barber, cometieron prevaricación administrativa en la firma de la renovación de créditos bancarios que, por valor de 22 millones de euros, se llevaron a cabo hasta diciembre de 2011.
Durante los seis primeros meses del mandato del PP en la pasada legislatura, Torró y Barber, que hoy es concejal y representante de la Safor en la Diputación de Valencia, renovaron créditos y operaciones bancarias que se habían realizado en la anterior legislatura, pero para ello obviaron la autorización de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat, un paso previo imprescindible porque Gandia estaba sujeta a un plan de ajuste económico que le impedía seguir endeudándose. Meses después de la renovación de los créditos que sumaban 22 millones, llegó la notificación de la Generalitat, desestimando esas actuaciones.
El juez estima que ese proceder puede ser constitutivo de un delito de prevaricación y cita a Torró a Barber, en calidad de investigados, para el 16 de mayo próximo.
Curiosamente, es el mismo juez de Gandia el que tiene abierta otra causa, por motivos muy parecidos, contra las dos personas que precedieron a Torró y Barber en sus responsabilidades municipales. El exalcalde socialista José Manuel Orengo y quien fue su concejala de Hacienda, Ana García, están acusados formalmente de prevaricación por firmar créditos bancarios desde 2009 a 2011 sin la autorización expresa de la Generalitat.
De hecho, ambos procedimientos judiciales no son una casualidad. Primero fue el exalcalde Torró quien, a finales de la pasada legislatura, decidió denunciar a Orengo y a Ana García por considerar que cometieron prevaricación al endeudar excesivamente al ayuntamiento saltándose las directrices del Plan de Ajuste Económico y de la supervisión de la Generalitat.
Al avanzar ese procedimiento hasta el punto de acusación formal de ambos por parte del juez, el PSPV-PSOE de Gandia optó por presentar otra denuncia muy similar contra Torró y Barber, dado que, a su entender, los dos responsables del PP habían actuado vulnerando la ley. Hace unos días, como adelantó Levante-EMV, el juez consideró que había suficientes indicios de delito e inició el trámite que ha desembocado en la apertura de la investigación y en la citación para que declaren.
En el caso de Guillermo Barber, esta es la primera investigación judicial que le afecta directamente por su gestión en el ayuntamiento, pero para Torró ya no representa novedad. El exalcalde del PP está inmerso en cuatro procedimientos abiertos en los tribunales de Gandia. Además de este último, se investiga la compra por 6,7 millones de euros de la galería comercial de un hotel de la playa, las subvenciones y ayudas que concedió a Tele 7 Safor y los contratos millonarios a una empresa constructora que figura en la trama corrupta de la llamada 'operación Púnica'.
Guillermo Barber señaló ayer a este periódico que confía en la justicia y en su inocencia porque las renovaciones de los créditos que autorizó no supusieron un incremento de la deuda del Ayuntamiento de Gandia y que, además, en enero de 2012 el Gobierno de España adoptó medidas para que, a partir de ese año, las renovaciones de créditos fuese automática.
