Casi por sorpresa, los alcaldes y el resto de políticos de la Safor han tenido que asumir que, hasta el próximo 27 de junio, no podrán llevar a cabo inauguraciones y actos de autobombo financiados con dinero público debido a la convocatoria electoral que el rey Felipe VI firmó el lunes de la semana pasada para llamar a las urnas a todos los españoles y renovar el Congreso y el Senado.
Con el fin de garantizar la imparcialidad de la campaña electoral y evitar ventajas a los políticos que están al frente de las instituciones, se tienen que aplazar todas inauguraciones. La sorpresa para muchas autoridades locales es que esos ocurra precisamente en un momento en que los ayuntamientos tienen en marcha decenas de obras en toda la comarca, muchas de ellas financiadas con el Plan de Inversiones Sostenibles, que, en los 31 municipios de la Safor, han supuesto una inversión cercana a los 6,5 millones de euros.
En Gandia, casi todas las obras se van a quedar sin el tradicional corte de cinta o la «visita» de autoridades. Entre ellas el jardín que se está habilitando en el parque de Ausiàs March, la recién concluida peatonalización del Pont Vell o la finalización de las obras de la plaza del Tirant lo Blanc, que incluye la rehabilitación de las casetas situadas en la superficie.
En Oliva, la más importante de las actuaciones en marcha, con medio millón de euros de inversión, es la remodelación de la calle Comte d'Oliva, que precisamente el viernes pasado recibió la visita de Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la diputación.
En Tavernes los proyectos financiados por la diputación incluyen la reposición del alcantarillado en la calle Sant Pere y el paseo del País Valencià, la puesta en marcha de una radio municipal para la Valldigna, que tampoco podrán ser inaugurados hasta después del 26 de junio.
La participación de políticos en actos de autobombo financiados con dinero público fue motivo de polémica especialmente durante las elecciones municipales de 2015 en Gandia. En varias ocasiones el PP de la ciudad tuvo que suspender actos y campañas denunciadas por los socialistas, y en otros muchos el entonces alcalde y candidato popular, Arturo Torró, hizo caso omiso a esas prohibiciones y siguió adelante.
Eso le costó a Torró el dudoso honor de ser el primer político de la ciudad que fue sancionado con 3.500 euros por delito electoral consistente en la acumulación de actos en los que vulneró la prohibición de la Junta Electoral.
