En 2012 llegó Mariano Rajoy al Gobierno, quitó la música, encendió las luces y se acabó la fiesta. A los ayuntamientos, que habían vivido en una borrachera de millones cuando el dinero corría a borbotones por los grifos de los bancos, que se miraban siempre en el pueblo de al lado y habían practicado el «yo más que tú» en cuanto a infraestructuras y proyectos para que sus alcaldes dejaran huella cuando se marcharan, les tocaba ahora sufrir la resaca. Ha sido dura pero, tres años después, la gran mayoría de municipios de la Safor empiezan a recuperarse. El tratamiento lo recetó el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien cortó de raíz las políticas de gastos sin control en el seno de las entidades locales y ordenó vivir con lo justo. El nombre de la medicina se llamó ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Desde 2012, la deuda viva de los ayuntamientos de la comarca de la Safor, es decir, los préstamos que mantienen con las entidades financieras, se ha reducido en un 35%, según los datos recogidos por el departamento de Montoro al cierre del año 2015.
En estas cifras se recogen todos los consistorios de la Safor endeudados menos Gandia, que es, sin duda, un caso aparte.
Así, en 2012, la deuda que los municipios mantenían con los bancos ascendía a 61,5 millones de euros. Sin la capital de la Safor, el ayuntamiento más comprometido era Tavernes de la Valldigna, cuyo montante ascendía a casi 17 millones de euros, seguido de Oliva, que no llegaba a los 14.
Tres años después, sin embargo, entre todas las localidades de la comarca suman 39,9 millones de euros de deuda con los bancos. Algunos, como es el caso de Oliva, incluso la han reducido a la mitad. Este municipio cerró el ejercicio 2015 con préstamos aún pendientes de pago por valor de apenas 6,6 millones de euros. Pero no es el único, Palma de Gandia, por ejemplo, ha pasado en tres años de deber 1,3 millones de euros a algo más de medio millón y Simat de la Valldigna ha reducido su deuda en prácticamente un 90 % al pasar de 409.000 euros a apenas 25.000. Bellreguard, por ejemplo, la ha reducido de 551.000 euros a cero, lo mismo que Palmera, que pasa de 32.000 euros a nada y Guardamar de la Safor que también está sin deuda al bajar desde los 341.000.
En definitiva, prácticamente todos los ayuntamientos han hecho sus deberes, algunos a un ritmo más acelerado que otros. De hecho, como publicó este periódico el pasado sábado, muchos han tenido la posibilidad de cancelar sus Planes de Ajuste.
Si bien, el único que ha visto cómo se incrementaban sus obligaciones con los bancos ha sido Piles. La explicación a esta cuestión hay que buscarla en una sentencia que obligó a este consistorio a pagar casi un millón de euros al propietario de unos terrenos que fueron expropiados en 2014. Así, este ayuntamiento pasa de deber 868.000 euros en 2012 a 1,5 millones en 2015.
El salto de 2012
Como se aprecia en la tabla y el gráfico que acompañan esta información, la deuda en 2011 se encontraba sustancialmente por debajo de la del cierre del año siguiente. ¿Por qué ese salto negativo? En marzo de 2012, todos los ayuntamientos que tenían facturas por pagar de etapas anteriores se acogieron al Plan de Pago a Proveedores. Eso era, en esencia, un préstamo que el Gobierno hacía a los municipios para que pudieran hacer frente y que a partir de entonces empezó a computar como deuda bancaria. Algunas localidades ya han amortizado esos préstamos en su totalidad o casi por completo y han cancelado sus planes de ajuste.
