Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Trama Púnica

Gomuñoz no llegó a pagar las facturas del PP de Gandia pese a las presiones

La constructora dio largas a los enviados del implicado que había realizado los trabajos para Torró El juez revela que IPG pagó a la firma 200.000 euros sin que conste el concepto de los trabajos

La empresa gandiense Construcciones Gomuñoz no llegó a pagar las facturas que el PP de esta ciudad, a través de Dionisio Ollero, le pidió que abonara por trabajos realizados al partido por parte de empresas de Alejandro de Pedro, uno de los implicados en la red de corrupción bautizada con el nombre de Púnica.

Según se desprende del sumario judicial, sobre el que se ha levantado el secreto, los responsables de Gomuñoz sí hablaron con los «enviados» de Alejandro de Pedro, pero les dieron largas y, al final, no ingresaron el dinero, como les había pedido el vicesecretario de Organización del PP de Gandia, Dionisio Ollero.

Como adelantó ayer Levante-EMV, Ollero reconoció al juez Eloy Velasco que fue él quien medió entre Construcciones Gomuñoz y Alejandro de Pedro, el «conseguidor» de la trama Púnica en la Comunitat Valenciana. Esa mediación tenía como objetivo que la constructora gandiense, que se había adjudicado varias obras del ayuntamiento y de la empresa municipal IPG, pagara a De Pedro por los trabajos que le había hecho al PP en dos campañas electorales. En concreto esa labor consistió en el «posicionamiento» de Arturo Torró en internet con el fin de difundir una buena imagen de él que se tradujera en votos.

El juez Velasco, que mantiene la causa abierta sobre la trama de Púnica en Gandia, investiga si, pese a que Gomuñoz no pagó lo que se le solicitaba, hubo delito en el hecho de que un representante del PP de Gandia y hombre vinculado al alcalde, le pidiera al gerente de la constructora que se pusiera en contacto con una de las personas implicadas en esta trama de corrupción y que «le echara un cable». Por lo que se sabe, la trama de Púnica, que operó en la Comunitat Valenciana y en Madrid, se dedicó a cobrar mordidas de empresas que se beneficiaban de contratos con la Administración.

Precisamente durante el interrogatorio que el juez Velasco practicó a Ollero, le preguntó al dirigente del PP gandiense si sabía por qué IPG, dirigida por Torró, había abonado a esa empresa más de doscientos mil euros sin que conste el concepto de los trabajos. Ollero contestó que desconocía el funcionamiento de IPG. Durante esa misma declaración también negó que el hecho de dirigirse a Gomuñoz a pedir dinero para el PP tuviera relación con los contratos de obras que le había adjudicado el ayuntamiento o la empresa pública municipal en los últimos años.

Confiados en la inocencia

En esa causa figuran como investigados Torró y Ollero, pero en el PP de Gandia señalan que, en esta ciudad, Púnica quedará en nada porque ninguna empresa llegó a pagar dinero por trabajos realizados para el partido. A través de un comunicado, el PP pidió «respeto y que se deje actuar a la justicia», confiado en que, al final, se archivará la causa.

Compartir el artículo

stats