La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de la Safor-Valldigna (PAH) criticó, a través de un comunicado, que la Policía Nacional haya multado a dos activistas de la formación por pegar unos carteles con cinta adhesiva en una sucursal bancaria que tiene Cajamar en Gandia, concretamente la del paseo Germanies.
Los carteles hacían referencia a la «defensa de los derechos de las personas afectadas por la hipoteca», añadieron las fuentes. La Policía sanciona en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como «ley mordaza». Los agentes consideran que los hechos pueden ser constitutivos de una infracción leve, tipificada en el artículo 37.13, y proponen una sanción de 100 euros para cada uno.
Desde la PAH denuncian que el único objetivo es «amedrentar la acción solidaria de la ciudadanía». La plataforma añade que los activistas han recurrido ante la Delegación del Gobierno y avisa que no detendrán su «lucha solidaria por estas leyes injustas».
Precisamente, la PAH se apuntó un nuevo éxito el martes pasado, cuando la presión social logró paralizar el desahucio de una familia paquistaní en Gandia, con un menor. Abanca, la entidad que concedió la hipoteca, al tener constancia de que la PAH protestaría, ordenó a sus abogados que suspendieran el procedimiento.
Sanción a «Refugiats»
No es el primer expediente que la Policía Nacional tramita contra colectivos solidarios. Como ya informó este periódico, dos activistas de Refugiats Benvinguts Gandia también fueron multadas recientemente con una sanción de 200 euros cada una por no comunicar varias concentraciones en la plaza Major, como es preceptivo.
Estos actos se vienen celebrando de forma pacífica cada miércoles desde marzo. Las concentraciones no alteran el tráfico, ya que se ocupan zonas peatonales, e incluso suelen participar autoridades municipales. Las mujeres también han recurrido la sanción y esperan el archivo de la multa.
