Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Declaración judicial

El PP de Gandia acusa al gobierno local de extraviar documentación de IPG

Gonzalo Morant declara ante el juez por la denuncia presentada contra la alcaldesa, Salvador Gregori y tres funcionarios por cerrar los despachos y evitar la entrada de los exconcejales y personas de confianza del PP a las instalaciones municipales.

El exalcalde de Gandia Arturo Torró, junto a varios cargos de confianza que nombró en la pasada legislatura, declaró ayer, en calidad de denunciante, ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia para ratificar la querella que han presentado contra la actual alcaldesa de la ciudad, Diana Morant, a la que acusa de cerrar despachos e impedir el acceso a documentación inmediatamente después de que fuera investida en el cargo, el 13 de junio del año pasado.

Como en su día anunció este periódico, los denunciantes son, además de Torró, Gonzalo Morant, Lola Moncho, Cristina Serrano y Alba Frasquet. Las dos primeras trabajaban en IPG, mientras que la segunda, tras pasar por el departamento de Hacienda, ejerció labores de Comunicación en el área de Alcaldía.

Por su parte, los acusados son, además de la alcaldesa, Diana Morant, el actual coordinador de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, que en el momento de los hechos no tenía ninguna responsabilidad en el ayuntamiento, el secretario de la Corporación municipal, Lorenzo Pérez, y los funcionarios Vicent Llorens y Vicent Todolí.

Dicen los querellantes que unos y otros les impidieron entrar en sus despachos, «de forma coactiva», a partir del momento en que Diana Morant accedió a la alcaldía. En el día de ayer, durante una maratoniana sesión de más de seis horas, ratificaron su denuncia a la juez y aportaron aspectos concretos de lo que, según su versión, ocurrió en los primeros días a partir de que el PP fuera desalojado del gobierno gandiense.

En declaraciones públicas, Gonzalo Morant, el último gerente de IPG durante la alcaldía de Torró, aseguró que, pese a seguir ostentando ese cargo tras la investidura de la nueva alcaldesa socialista, no pudo entrar en su despacho hasta cuatro días después, y que entonces vio que faltaban memorias USB, ordenadores y documentos.

Documentación de juzgado

La alcaldesa de la ciudad, que dijo sentirse «tranquila», será citada a declarar en calidad de querellada. Diana Morant, en cualquier caso, ya ha dicho que, efectivamente, cuando asumió su cargo tras los cuatro años del PP en el gobierno local, ordenó que todos los despachos fueran cerrados y, según añade, puso a funcionarios municipales a custodiar la documentación municipal.

La alcaldesa negó que se actuara de forma contraria a la ley y, para justificar su actitud, recordó que dos de las personas que la han denunciado, en concreto Alba Frasquet y Lola Moncho, intentaron acceder de madrugada a sus despachos municipales, algo que les fue impedido con la finalidad de garantizar la custodia de todo el archivo documental.

Precisamente, parte de la documentación hallada en IPG ha sido motivo de denuncias contra el exalcalde del PP, que está investigado en varias causas.

Compartir el artículo

stats