El Gobierno local de Gandia impulsará mañana el proceso para liquidar definitivamente la empresa pública Iniciatives de Comunicació, cuyo capital es cien por cien municipal y que durante años gestionó Gandia Televisió, la emisora local que el PP cerró en julio de 2011, cuatro semanas después de que Arturo Torró accediera a la alcaldía.
Pese a que un año después, en junio de 2012, Torró nombró liquidador de la empresa a Daniel Furió, que también fue el primer gerente de la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG), durante tres años, hasta las elecciones de 2015, ni él ni su sucesor en el cargo, Josemi Villar, recientemente fallecido, fueron capaces de poner fin a Iniciatives de Comunicació, que todavía hoy sigue como mercantil pública «en fase de liquidación».
El actual Gobierno gandiense, formado por el PSOE y la coalición Més Gandia, tienen previsto nombrar hoy al tercer liquidador, cargo que recaerá en el abogado Vicent Estruch, con la encomienda de que, en el menor tiempo posible, sitúe Iniciatives de Comunicació en el mapa de la historia.
Sin duda, quienes van a seguir muy de cerca este proceso serán los 25 extrabajadores de Gandia Televisió que fueron despedidos a consecuencia del cierre de la emisora realizado por el PP.
Por sentencia judicial firme, a todos ellos la empresa les adeuda alrededor de 1,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones y salarios, amén del pago de las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.
La solución a ese conflicto laboral con derivada económica va a ser el principal obstáculo del nuevo liquidador que hoy nombrará el Gobierno de Gandia, previsiblemente con el apoyo del concejal de Ciudadanos, Ciro Palmer, y de la abstención o el voto en contra del Partido Popular.
Según fuentes del Gobierno local consultadas ayer por este periódico, la liquidación de la empresa deberá determinar si, como defienden los extrabajadores a partir de las sentencias que les dan la razón, el ayuntamiento, como socio único, debe pagar los 1,5 millones como paso previo a que se dé por concluida definitivamente la existencia de la mercantil municipal. Eso es lo que esperan la mayoría de los extrabajadores, muchos de ellos defraudados por la actitud del Gobierno local.
