Cerca de diez años le va a costar al Ayuntamiento de Gandia invertir los 16,4 millones de euros que, en el año 2009, le otorgó la Generalitat para obras a través del llamado Plan de Inversiones Productivas, que después pasó a denominarse Plan Confianza y que popularmente se bautizó como Plan Camps, por el apellido del jefe del Consell que lo diseñó.
Esta misma semana el presidente del Consell, Ximo Puig, ha firmado un decreto que salva la vida al Ayuntamiento de Gandia porque prolonga hasta el 31 de junio de 2019 el plazo para finalizar las obras que se financiaron con aquel plan. De no haber existido esta medida de gracia, todos los trabajos tendrían que haber estado certificados el 31 de diciembre de 2016, dentro de seis meses, y Gandia no lo habría logrado en varias obras, lo que le habría obligado a devolver el dinero.
Es el caso de la adecuación del campo de rugbi en el polideportivo, la terminación de la plaza del Tirant lo Blanc, la construcción del centro para enfermos de alzhéimer, la conclusión del auditorio de la plaza Baladre de la playa, la mejora del campo de tiro del Pla de Xiquet, en Beniopa, o la remodelación integral del colegio público Cervantes.
Este monumental retraso en las obras se debe a varios factores, pero sobre todo a los cambios que el anterior Gobierno local del PP llevó a cabo con el dinero del Plan Camps.
Toda esta historia empezó con polémica. En 2010 en entonces gobierno local del PSOE y Plataforma de Gandia aprobó destinar la totalidad de los 16,4 millones a un proyecto que se convirtió en centro de polémica política. El alcalde, José Manuel Orengo, quería construir un tranvía que uniera, de forma rápida, moderna y con alta capacidad, el Grau y la playa con Gandia.
El PP se mostró especialmente crítico con aquel proyecto y lo aprovechó durante la campaña de las elecciones municipales de 2011. Con la victoria que le dio mayoría absoluta en el ayuntamiento, Orengo pidió a la Generalitat, antes incluso de abandonar la alcaldía, que paralizara todos los trámites del tranvía porque así se lo había pedido Arturo Torró, ya alcalde in péctore.
El nuevo Gobierno local del PP anunció entonces que iba a repartir los 16,4 millones en una docena de proyectos repartidos por toda la ciudad y que estarían acabados a mediados de la legislatura. Para algunos de ellos se puso especial énfasis y se cumplió. Ahí está el Museu de Santa Clara, el retén de la Policía Local, la «nueva» plaza del Prado, el paseo del Moll, junto al puerto, o la reforma y ampliación, con capilla para la Virgen, del centro social de Marenys de Rafalcaid.
De muchos otros proyectos, sin embargo, nunca más se supo. Se anunció un campo de fútbol para Beniopa, un «carrer de l'art i de la festa» que era promesa electoral, un conservatorio de música que la Generalitat desestimó o un Casal Jove en el Grau que sigue sin construirse y que supone el último fiasco del Plan Confianza, dado que se diseñó en un solar situado en zona inundable.
En buena parte, el enorme retraso con que se ha gestionado ese maná económico de la Generalitat se debe a la actitud cambiante del anterior Gobierno local del PP. Ni se sabe las veces que el alcalde, Arturo Torró, anunció modificaciones para retirar o reducir proyectos que habían sido anunciados y destinar el dinero a otros nuevos. A modo de ejemplo, esta misma semana se ha sabido que los 550.000 euros que se anunciaron para remodelar el parque de Sant Pere aún están ahí, sin gastar, porque ni siquiera había proyecto para ese parque.
Será, por lo tanto, el nuevo Gobierno del PSOE y Més Gandia el que decida dónde se invierte ese dinero, y también dónde se construye el Casal Jove del Grau que se diseñó en zona inundable.
Paradojas de la vida, aún será un gobierno participado por los socialistas el que concluya el Plan Camps que Orengo quiso destinar exclusivamente al tranvía y que Torró dividió en actuaciones por todos los barrios de la ciudad.
El oxígeno dado por el presidente del Consell, Ximo Puig, permite respirar al ayuntamiento. Tiene todavía tres años por delante para certificar todas las obras y así evitar que se tenga que devolver dinero a la Generalitat, lo que habría supuesto un pecado mortal para una ciudad arruinada.
