Becos, S. L., la empresa propietaria de la discoteca Coco Loco, ha presentado una demanda contra el Ayuntamiento de Gandia por incumplir el contrato que firmó el exalcalde del PP, Arturo Torró, en el año 2013, a través del cual se comprometía a abonar 10.000 euros al mes por el alquiler del local ubicado en la primera línea de la playa a cambio de que cerrara y dejara sin ruido la zona.
En la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, se destaca que el acuerdo entre el ayuntamiento y la mercantil entraba en vigor el 1 de febrero del año 2013 y que, desde entonces hasta la actualidad, no se le ha pagado absolutamente nada. Por este motivo, Coco Loco reclama una cifra cercana al medio millón de euros, que, en el caso de que la justicia le dé la razón, saldrán de los impuestos que pagan todos los gandienses.
Son, concretamente, 447.975 euros, que incluyen, además de la renta pactada, los intereses, tributos y otros conceptos como pueden ser los ajustes del IPC.
Pese que el exalcalde utilizó para esta operación la expresión «a coste cero» que tanto le gustaba repetir, de la lectura del contrato se puede desprender que el gobierno del PP pactó, además de los 10.000 euros mensuales, un incremento de 5.000 euros más en caso de que la mercantil perdiera su licencia de actividad.
Pero la empresa va más alla y no considera suficiente el pago de las cantidades no satisfechas en este tiempo. Además, reclama, como resulta lógico, que se lleve a caso el desahucio del ayuntamiento del local de su propiedad.
Los empresarios indican en la redacción de la denuncia que la decisión de dar el paso para iniciar el proceso judicial viene después de varios requerimientos al consistorio para que se abonara la cantidad pactada en el contrato. «Desde el principio, la demandada comenzó a no liquidar la obligación de satisfacer las mensualidades que se iban devengando», apunta los denunciantes. La mercantil aclara que por su parte se ha intentado resolver esta cuestión «de forma amistosa y extrajudicial» mediante «varios requerimientos verbales y escritos».
La demanda se presentó el 13 de febrero de este mismo año. «Dado que los intentos de cobro han resultado infructuosos, mediante la presente demanda se interesa el desahucio de la mercantil IPG (la empresa pública del Ayuntamiento de Gandia) por impago de rentas», indican.
Contrato supuestamente anulado
Hace ahora un año, el gobierno local del PSPV y Més Gandia, recién accedido al frente del consistorio, revelaba que, al contrario de lo que había vendido Torró a la opinión pública, el contrato con Becos escondía que el consistorio estaba obligado a pagar 2 millones de euros a la empresa.
Pese a todo, y a preguntas de Levante-EMV, el exalcalde siguió negando la mayor. Dijo que ese compromiso escrito obligara a las arcas municipales a desembolsar nada. E incluso decía que una prueba de ello era que en todo este tiempo no se había pagado ni una sola mensualidad. El motivo, dijo, era que el contrato «había quedado anulado» por otros documentos que determinarían la indemnización a la que tenía que hacer frente el consistorio.
La denuncia presentada por la sociedad contra el Ayuntamiento de Gandia contradice por completo las palabras de Torró, en tanto que lo que exige, precisamente, es el cobro de ese dinero que el exalcalde popular se jactaba de no pagar y cuyo medio millón de euros, si el juez así lo dice, tendrá que salir ahora de unas más que maltrechas arcas públicas.
Cuando se llevó a cabo, Torró vendió la operación de Coco Loco como una medida para acabar con el ruido de la primera línea de la playa, que se generaba, sobre todo, cuando los clientes salían de la discoteca. La idea del ejecutivo era «realquilar» ese local para empresas que quisieran desarrollar actividades de ocio o restauración, algo que nunca se produjo. Pese a eso exalcalde se comprometió a que quienes arrenderan en espacio tenían que garantizar que no se causaran molestias a los vecinos por ruidos.
