Ni autobuses cargados de inmigrantes de Almería para empadronarse en Gandia, ni un considerable incremento del número de habitantes por la llegada masiva de extranjeros a la capital de la Safor. Los datos acaban de desmentir los augurios del PP de Gandia, y especialmente del exalcalde, Arturo Torró, cuando, en la campaña electoral de las elecciones municipales, dijo que si eliminaba el control policial previo al empadronamiento de ciudadanos extranjeros se produciría un aluvión de personas de otros países inscritas en esta ciudad.
Los números cantan. Un año después de que el nuevo gobierno local de PSPV-PSOE y Més Gandia anulara ese control policial previo, los ciudadanos inscritos en Gandia son 186 menos. En cifras absolutas, en junio de 2015 había 75.288 empadronados y en el mismo mes de este año se descendió hasta los 75.102.
La polémica medida que aplicó el PP consistía en remitir previamente la documentación de los extranjeros que querían empadronarse en Gandia al Cuerpo Nacional de Policía. Si no se hallaba ningún problema, se procedía a la inscripción. Eso hizo que muchos «sin papeles» evitaran el trámite de empadronamiento por temor a ser expulsados, quedándose sin servicios básicos y, peor aún, sin un control administrativo del lugar donde residen.
El exalcalde Torró mantuvo ese procedimiento incluso después de que el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges le remitieran sendos requerimientos en los que advertían de que eso era ilegal y le sugerían que Gandia aplicara la ley que regula la inscripción de ciudadanos en los registros municipales, como se hace en el resto de localidades de España.
Cuando el PP perdió la alcaldía de Gandia, una de las primeras medidas adoptadas por la alcaldesa Diana Morant, de acuerdo con la decisión de los dos grupos que forman el gobierno local, fue la de dar instrucciones para cumplir el trámite de empadronamiento que marca la ley, eliminando así el control previo policial.
El concejal de Administración, José Manuel Prieto, dijo ayer que el método que se aplicó durante los últimos años del PP era «inconstitucional» y que por eso fue eliminado.
Prieto destacó que el tiempo ha dado la razón a quienes señalaban que el cumplimiento de la ley no iba a tener consecuencias en el padrón y, a petición de este periódico, reveló el descenso experimentado en el censo.
