La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia acaba de suspender la ronda de declaraciones que afectaba a varios políticos del Ayuntamiento de Gandia, entre ellos el coordinador de Urbanismo, Vicent Mascarell, y el responsable de Contratación, José Manuel Prieto, ambos del PSPV-PSOE. A todos ellos se les citaba como investigados, antes imputados.
El motivo de esta «desimputación» se debe a un recurso presentado por Prieto en el que, entre otros aspectos, señala a la jueza que la querella, presentada por un funcionario del ayuntamiento, responde más bien a cuestiones políticas vinculadas al PP y a lo que él considera como un intento de menoscabar y desacreditar su imagen pública.
En el escrito remitido a la juez, Prieto sostiene su argumento con un relato de los hechos en el que demuestra que, pese a que la querella contra él y los otros políticos fue interpuesta por un funcionario por cuestiones de personal, en realidad se enteró de la misma a través de un comunicado emitido por el PP de Gandia, ampliamente difundido en los medios de comunicación, el mismo día en que la juez dictó la resolución citándole a declarar como investigado. «No hay otra explicación posible, salvo que se tenga el don de la clarividencia, que la querella ha sido orquestada por el PP local con el único fin de desacreditar y ensuciar la imagen de políticos rivales», dice Prieto, quien añade que el PP, «que supuestamente no es parte en el presente proceso, ha tenido acceso no solo al auto de incoación, sino a todo el escrito inicial de la querella».
Una resolución judicial motivada
Prieto remata explicando que, a pesar de que él recibió la querella el pasado 30 de junio, mucho antes recibió «continuos ataques» a su honestidad en las redes sociales fruto de la difusión de la misma y de haber sido citado a declarar como «imputado».
Quien es portavoz del PSPV-PSOE en el ayuntamiento no solo se centra en ese argumento. Prieto narra a la juez que una imputación por hechos delictivos «requiere una resolución judicial motivada» que, a su entender, en este caso no se ha producido, y concluye, en un largo pronunciamiento escrito por su abogado, que no existe el más mínimo indicio de que haya cometido la prevaricación de la que ha sido acusado por el funcionario.
Por todo eso, la titular del Juzgado número 3 de Gandia ha decidido dar marcha atrás en el procedimiento y en una resolución firmada el pasado jueves suspende las declaraciones de todos los «imputados», entre ellos el propio Prieto y Vicent Mascarell, a la espera de reunir más indicios que permitan determinar si pudieron cometer algún delito.
En este caso, la historia se repite en el mismo juzgado gandiense con protagonistas diferentes pero de los mismos bandos políticos. Como publicó Levante-EMV en su día, el exalcalde del PP, Arturo Torró, presentó una querella contra su sucesora, la socialista Diana Morant, a la que acusa de diversos delitos por ordenar el cierre de los despachos municipales el día que accedió al cargo.
Determinar si hay delito
La titular del juzgado número 3 citó a declarar a Diana Morant como investigada y el PP difundió la «imputación» de la alcaldesa y de otros responsables políticos socialistas. Ahora bien, ante el recurso que presentó la alcaldesa indicando que no había delitos en su proceder, la misma juez optó, como ha hecho ahora, por retrotraer el procedimiento y anular la ronda de declaraciones de los «imputados» hasta tener más datos que determinen si, como señala Torró, Morant y los otros acusados pudieron delinquir.
