Se acaba de representar otro capítulo del sainete taurino en Tavernes de la Valldigna. La peña fundada al poco de la llegada de Compromís al gobierno municipal y repleta de gente cercana, anunciaba primero que tenía cerrado «el 70%» de la programación de linchamientos de 'bous al carrer' en una plaza portátil, en un solar privado y sin ninguna ayuda pública. Muy importante es lo que señalaban como ese 30% restante: «conocer si el consistorio o la Generalitat conceden las licencias necesarias».
Inmediatamente, el señor alcalde anunciaba que el Ayuntamiento no se podría negar a conceder las autorizaciones, y esto también es muy importante, «si la promoción cumple con todos los requisitos que establece la ley» y «tiene la documentación en regla». Lo intenta adornar asegurando que no tendrían ninguna subvención, en cumplimiento de lo que se derivó de la consulta ciudadana de febrero.
Así se completa el lamentable escenario vallero, una isla de linchamientos taurinos en la Safor. En Benifairó salió la primera seta en forma de plaza portátil con todos los permisos, concedidos según las autoridades municipales porque los informes técnicos advertían del peligro de incurrir en prevaricación si no lo hacían. En Simat se volverán a linchar vaquillas y de la forma como se ha hecho hasta ahora, con las anomalías recogidas por un informe de la Policía Local de 2015 y que habla de animales amontonados en espacios minúsculos sin agua ni comida durante días, de abusos durante el transporte, de uso continuado del bastón eléctrico y de sacrificio de animales in situ. Eso sí, el alcalde de Simat trasladó a miembros de esta plataforma el compromiso de convocar una consulta ciudadana sobre esta barbaridad para el mes de octubre.
Hablamos primero de prevaricación, que es el delito que puede cometer una autoridad o persona funcionaria si, en un asunto administrativo, dicta una resolución arbitraria e injusta. En Tavernes, el ayuntamiento ha estado pagándole la fiesta a los amigos taurinos, con el dinero de todos y todas, durante 5 años. La consulta prometida y anunciada fue postergada hasta la desesperación y, una vez desacreditado el argumento de Jordi Juan de que «era lo que el pueblo quería», nos encontramos con esta escenificación que nos devuelve a la casilla de salida: la plaza de torturas y linchamientos exactamente en el mismo lugar donde era antes de que Jordi Juan hiciera de «capitán moro» durante cinco años. Los taurinos han tenido el dinero público que han querido durando todo el tiempo que lo han podido alargar, y ahora continúan encontrando todas las connivencias que les hacen falta.
Volvemos a esos argumentos claves. El alcalde dice que no se puede negar a conceder los permisos a una peña que tiene los papeles en regla, pero no dice que sin el visto bueno del ayuntamiento no tendrían los papeles en regla. El reglamento de 'bous al carrer' dice claramente que la potestad autonómica de autorizar los linchamientos se concederá únicamente si se dispone de este visto bueno. Esto es así en Tavernes, en Benifairó y en todas partes. En los municipios donde se hacen 'bous al carrer', se hacen necesariamente con la implicación y connivencia del ayuntamiento.
Más concretamente, y como hemos hecho constar, el decreto del Consell sobre el Reglamento de festejos taurinos tradicionales en la Comunidad Valenciana explicita la «relevancia especial (?) de la declaración del ayuntamiento respecto a la realización de los bous al carrer en su término municipal». Y concreta todavía más: «la entidad local declarará sobre si está de acuerdo o no sobre la celebración de los festejos». Sin esta declaración favorable no se pueden celebrar 'bous al carrer' (que lo son independientemente del espacio o recinto donde se celebran y de si la iniciativa es pública o privada, como dice este Reglamento).
No ha habido quien haya respondido a nuestras consultas sobre la normativa o reglamentación que anularía estos preceptos y «obligarían» al Ayuntamiento a conceder la declaración favorable. En todo caso, el Ayuntamiento podría proteger a su ciudadanía ante esta estafa normativa, negándose a firmar esa declaración favorable que, según sus pretextos, lo convertiría en responsable por obligación. Tal vez, la realidad es que también haya acuerdos para que la patata caliente de los linchamientos de los 'bous al carrer' no queme ninguna mano amiga en ningún nivel competencial (local, provincial y autonómico).
Por eso, desde la Plataforma Carles Pinazo volvemos a insistir en el respeto a la voluntad popular, en la confirmación que las persones partidarias de identificar el linchamiento y el sufrimiento de toros con la fiesta y la tradición no representan ninguna mayoría, y en la buena intención que radica, de manera intrínseca, en el compromiso de una corporación local con la defensa de los animales frente al maltrato. Insistimos en la necesidad de entrar realmente en el siglo XXI, con unas fiestas sin linchamientos de 'bous al carrer'.
Con estos argumentos sí que no se puede encontrar prevaricación en ninguna parte, al contrario de lo que ocurre con esta representación ante la opinión pública, con comunicado de la peña y reacción «espontánea» del equipo de gobierno de Tavernes, que se fundamenta en ocultaciones de información, manipulaciones y mentiras completas para proteger los intereses taurinos. Eso sí que podría ser el relato de una prevaricación en toda regla.
