La empresa Altoclaro SL, que durante años editó la revista «Sociedad y Política», cedió el pasado mes de marzo la cabecera de esa publicación a Javier Ruiz Merino, la persona que actualmente ostenta la dirección.

Así lo señaló ayer a este periódico el propio Ruiz Merino, quien quiso aclarar que, precisamente por eso, él no tiene ninguna relación con la orden de embargo de la oficina de turismo de la playa de Gandia, auspiciada por Altoclaro, a raíz del impago de una factura de 85.000 euros que debió abonarle la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG).

Altoclaro, como editora hasta marzo de «Sociedad y Política», facturó en la legislatura de Arturo Torró cerca de un millón de euros en publicidad y propaganda, y la mayor parte de esa cantidad la cobró antes de que el PP dejara el Gobierno de Gandia. El nuevo ejecutivo del PSPV-PSOE y Més Gandia, sin embargo, paralizaron el pago de la factura de 85.000 euros, lo que derivó en un proceso judicial que dio la razón a Altoclaro y que ha generado la orden de embargo en el edificio de la oficina de turismo de la playa.

Desde marzo pasado «Sociedad y Política» dejó de pertenecer a Altoclaro y ahora está bajo la responsabilidad de Ruiz Merino.