16 de julio de 2016
16.07.2016
Caso IPG

La juez cita a la alcaldesa de Gandia Diana Morant y al resto de investigados en la querella del PP por cerrar despachos

El secretario municipal y otros cargos socialistas y funcionarios declararán a finales del mes de octubre

16.07.2016 | 12:15
Diana Morant.

La alcaldesa de Gandia, la socialista Diana Morant; el secretario general del ayuntamiento, Lorenzo Pérez; el coordinador de Hacienda, Salvador Gregori, y dos funcionarios, Vicent Todolí y Vicent Llorens, han sido citados por el juez en calidad de investigados los próximos 25 y 26 de octubre tras la querella interpuesta por el exalcalde del PP, Arturo Torró, y varios miembros de este partido por considerar que la primera edil y el resto de querellados les impidieron acceder a sus despachos, situados en el ayuntamiento y en la empresa municipal en Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) inmediatamente después de haber sido investida alcaldesa.

Así figura en un auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, fechado el pasado lunes. En ese auto, al que ha tenido acceso este periódico, la jueza desestima los recursos presentados por la alcaldesa socialista y el resto de querellados, que solicitaban que la denuncia fuese archivada.

Los denunciantes, alcalde, concejales o altos cargos nombrados por el PP en la anterior legislatura, consideran que estas cinco personas citadas como investigadas han cometido delitos de prevaricación administrativa, revelación de secretos, falsedad y coacciones. La querella fue presentada el pasado mes de abril, diez meses después de que se produjeran los hechos.

Hace un mes la juez que instruye el caso suspendió las declaraciones de los querellados hasta resolver los recursos presentados por estos. Ahora ha desestimado dichos recursos y les llama a declarar como investigados los días 25 y 26 de octubre.

La alcaldesa de la ciudad nunca ha ocultado que, al tomar posesión del cargo, ordenó que se cerraran despachos y se impidiera que antiguos cargos del PP accedieran a los ordenadores con el fin de preservar la documentación existente. Para reforzar su decisión, Morant indicó que al menos dos de los cargos de confianza del PP, Lola Moncho y Alba Frasquet, firmantes de la querella en trámite, intentaron acceder al ayuntamiento y a la empresa municipal IPG en horas intempestivas.

La alcaldesa socialista niega que esa acción se realizara a través de coacciones o incumpliendo la ley, sino, más bien al contrario, con el afán de preservar documentos de la administración local y garantizar su custodia por parte de los funcionarios.

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