Andrés Boix, profesor del departamento de Derecho de la Universitat de València, cree que la ley municipal que aprobó el Gobierno del PP en 2013, la que pretendía recortar competencias a los ayuntamientos y, entre otras, fusionar municipios de menos de mil habitantes para ahorrar 8.000 millones al año, «ha sido un auténtico fracaso».
Lo dijo durante la rueda de prensa de presentación del curso «Democracia desde abajo» que imparte en el marco de la Universitat d'Estiu de Gandia (UEG) de este año, que arrancó ayer.
Boix vino a apuntar que el Ejecutivo español legisló en esta materia de cara a la galería «para que Europa viera que se llevaban a cabo medidas de ahorro» pero que en la práctica, esta ley no se ha aplicado.
Al final, dijo «los ayuntamientos siguen prestando servicios porque si no lo hacen ellos no lo hace nadie», apuntó. El profesor constató que esa ley «no ha logrado lo que se proponía».
Sobre el curso, Boix explicó que este curso pretende estudiar «cómo fortalecer la acción de los municipios a nivel de políticas públicas a escala local para garantizar una mejor producción de servicios y que los ciudadanos tengan una mayor capacidad de control».
Una de las vertientes desde las que se aborda esta cuestión es la económica, de ahí la participación en el curso del profesor Lago.
Este, fue tajante al afirmar que «el mapa en la escala local en España está petrificado desde el siglo XIX, no lo hemos modificado», apuntó. Eso significa, dijo, que si bien a nivel autonómico «se ha tocado techo» en cuanto a mecanismos democráticos, no ocurre lo mismo a nivel de ayuntamientos.
El profesor de Economía Aplicada vino a decir que las leyes que se aprueban en el Congreso no tienen en cuenta la singularidad de cada municipio. Es por ello que aboga por una legislación «más flexible y asimétrica» y pide que las normativas se puedan «testar» antes de ser aplicadas.
Cree que, como ocurre en otros países como los nórdicos o EEUU, hay que buscar soluciones flexibles para a cada situación y problemática, testándolas y haciendo ensayos previos antes de su aplicación y transformación en reformas legislativas. «En caso contrario, corremos el riesgo de generar frustración y tiempo perdido», concluyó Lago.
