El Gobierno local de Gandia aprobó ayer la firma de un acuerdo entre el ayuntamiento y la empresa Aguas de Valencia, que gestiona el suministro público en toda la ciudad, para poner fin a cinco años de conflictos generados a causa del canon de 55 millones de euros que la mercantil abonó al ayuntamiento en 2008 por quedarse el suministro durante 25 años.
Según expresaron ayer los responsables municipales, ese acuerdo garantiza un «equilibrio concesional» para que el servicio no resulte ruinoso para la empresa. Aguas de Valencia había denunciado al ayuntamiento porque, en la pasada legislatura, el Gobierno del PP le impidió subir el recibo del agua de acuerdo con el contrato firmado en su día.
Ahora, en cambio, el ayuntamiento ha diseñado una estrategia para que, por una parte, Aguas de Valencia pueda subir el precio del agua un punto por encima del IPC anual, pero, al mismo tiempo, ese incremento se compensará con un descenso en la tarifa del alcantarillado. Los ciudadanos, apuntó el Gobierno local, no notarán ninguna subida en su recibo bimensual.
Todo arranca en 2008, cuando Aguas de Valencia se quedó el contrato del agua potable de Gandia hasta el año 2033 a cambio de abonar 55 millones de euros al ayuntamiento. Ese dinero, que se gastó en solo tres años, fue destinado por el Gobierno de Orengo y Mut a obras para renovar la ciudad, pero no para la mejora de la red de abastecimiento y evacuación de agua, lo que obligaba al consistorio a tener que pagar por esas actuaciones necesarias.
En la pasada legislatura el exalcalde, Arturo Torró, intentó sacar un nuevo concurso para extender la gestión del agua a una empresa privada por un periodo de 50 años. Para ello reconoció una deuda con Aguas de Valencia superior a los 96 millones de euros, pero los tribunales anularon el pliego de condiciones municipal ante una demanda interpuesta por una de las empresas que, en 2008, compitió para quedarse el servicio.
Eso situó al consistorio y a Aguas de Valencia en una situación de pugna, dado que, al impedirle incrementar la tarifa del agua, también se ha generado una deuda de 4,7 millones.
Lo que ahora ha hecho el Gobierno local es alcanzar un acuerdo que, a criterio de los partidos, es beneficioso para las dos partes. Por una la empresa podrá cobrar más por el suministro en los próximos años, como señala el contrato, y, por otra, los ciudadanos queda eximidos de ese pago mediante la reducción de otro parámetro que también está incluido en el recibo del agua.
Lo insólito de este hecho es que el Gobierno local se rompió a causa de las diferencias de criterio en el grupo de Més Gandia. Mientras los concejales de Compromís votaron en contra, al considerar que no se debía retornar a Aguas de Valencia los 55 millones del canon pagado en 2008, el concejal de Esquerra Unida, Nahuel González, sí votó a favor y se unió al criterio de los socialistas.
