La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, se ha remitido a las valoraciones que ya hizo hace dos meses, cuando un juzgado de Gandia admitió a trámite de la querella presentada por el exalcalde del PP, Arturo Torró, y otros cargos públicos de su gobierno, por haberles impedido el acceso a los despachos municipales inmediatamente después de que Morant tomara posesión del cargo.
Como publicó este periódico el pasado sábado, primero la juez suspendió su declaración en calidad de investigada, antes imputada, hasta analizar el recurso que había presentado contra la admisión a trámite de la querella. Ahora se ha rechazado ese recurso y Morant tendrá que declarar a finales del próximo mes de septiembre por esta causa en la que también figuran, como investigados, el coordinador de Economía del ayuntamiento, Salvador Gregori, el secretario municipal, Lorenzo Pérez, y los funcionarios Vicent Todolí y Vicent Llorens, este último nombrado director general del Consorcio Valencia 2007 por el alcalde de la ciudad, Joan Ribó.
Torró y varios de sus colaboradores en el anterior Gobierno local del PP acusan a los citados de de prevaricación administrativa, revelación de secretos, falsedad y coacciones.
Ayer, en declaraciones a este diario tras confirmarse que tendrá que declarar como investigada, Morant aseguró estar «tranquila» ante este proceso judicial, y afirmó que «explicaremos a la juez todo lo que aconteció durante los primeros días de la legislatura y por qué se tomaron las decisiones que se tomaron».
La primera edil insistió en que, al impedir el acceso a despachos municipales de antiguos colaboradores del Gobierno del PP «hicimos lo que era mejor para Gandia, puesto que nuestro trabajo en aquellas primeras horas de la legislatura era proteger toda la información del ayuntamiento y, sobre todo, de la empresa pública IPG, ante las sospechas que teníamos de irregularidades y para que no desapareciera ni se destruyeran documentos», como, según añadió, «había ocurrido en diferentes ocasiones» durante la legislatura del PP.
Morant aclaró que «lo único cierto que argumentan los denunciantes es que se les impidió el acceso a los despachos», algo que se produjo «porque ya no eran sus despachos». «El sábado [10 de junio de 2015] fue la investidura y el PP ya no era gobierno. ¿Cómo no íbamos a impedir el acceso a las oficinas municipales y a las de IPG a las mismas personas que hicieron desaparecer ordenadores, borraron discos duros o sufrieron misteriosos robos cuando eran gobierno?», se preguntó la alcaldesa socialista.
Protocolo para no destruir
En ese sentido, Morant matiza que, pese a la denuncia del PP, sí que se permitió acceder a los despachos al exalcalde y a otros cargos del PP, «pero bajo un protocolo que preveía que los funcionarios garantizasen que no se destruía nada o se llevaran material del ayuntamiento o de la empresa pública». Así, «toda la documentación y ordenadores fueron puestos bajo la custodia del secretario del ayuntamiento, que fue quien tuteló que se cumplieran todos los derechos de los trabajadores y, sobre todo, evitara que se destruyera nada».
Morant lamenta que «el PP solo pretende tapar los escándalos de su legislatura paseando a miembros del actual ejecutivo por los juzgados mediante querellas que denuncian, como esta, que no les permitiesen acceder a despachos que ya no eran suyos», y que los populares de Gandia «tratan de equiparar esto a su implicación en verdaderos casos de corrupción, como la Púnica».
Cuando se presentó y admitió la querella la alcaldesa también recordó que varias personas del PP intentaron acceder al ayuntamiento y a IPG en horas intempestivas, entre ellas Alba Frasquet y Lola Moncho.
