Rebeca Torró, directora general de la Vivienda de la Generalitat, acudirá esta tarde a una reunión en el Centre Social de Sant Vicent de Oliva para asesorar a dos entidades locales en las acciones que pueden emprender, basándose en las nuevas leyes, para evitar que familias sin recursos se quedan sin un techo. Las entidades convocantes son la Asociación Romaní y la Associació Progrés i Solidaritat, que trabajan junto a vecinos de Oliva que están a punto de quedarse en la calle.
Según Joaquín Barrull, presidente de Romaní, a diferencia de lo que está ocurriendo en muchos municipios, en Oliva el problema de los desahucios sigue muy vivo. Como ejemplo, señala que para las próximas semanas y meses los jueces han decretado el lanzamiento de una veintena de familias que residen en viviendas muy precarias, fundamentalmente de Pinet, el Raval, el centro y el área de la carretera de Pego.
«Muchas de esas familias tienen niños pequeños», añade Barrull, quien también reconoce que, en muchos casos, se trata de viviendas que están ocupadas ilegalmente porque las personas no tienen otro lugar adonde ir.
El presidente de la Asociación Romaní lamentó ayer que, en su opinión, el ayuntamiento no esté actuando con diligencia. «Delegan en nosotros. Nos mandan a las familias para que les solucionemos el problema», añade Barrull, quien concluye que la asociación que preside está «encasquillada» con el consistorio y por eso transmitieron el problema a la directora de la Vivienda de la Generalitat, que, alarmada por la gran cantidad de personas en riesgo de quedarse en la calle, se ofreció a acudir para comprobar el problema.
Según un comunicado conjunto de las dos asociaciones, Rebeca Torró informará sobre los procedimientos a seguir cuando las familias no pueden afrontar los pagos hipotecarios, de las ayudas contra la pobreza energética aprobadas por el Consell de la Generalitat y sobre el acceso a viviendas sociales. A la reunión está previsto que acudan familias que, en unas semanas, perderán la casa si no reciben ayudas.
Alquiler o compras sociales
Una de las medidas que las dos asociaciones quieren impulsar son las negociaciones para que los bancos propietarios de algunas de esas viviendas no actúen contra quienes las han ocupado y opten por la negociación para que se avengan a conceder alquileres sociales a muy bajo precio, e incluso la adquisición de la propia vivienda.
Habida cuenta que la mayoría de los inmuebles han sido objeto de robos y ocupaciones ilegales y que están en pésimo estado, Joaquín Borrull señala que, gracias a las gestiones realizadas años atrás, en algunos casos se ha logrado la adquisición de esas casas mediante hipotecas de entre 90 y 100 euros al mes.
«Resulta alarmante cómo se han disparado en los últimos meses las resoluciones judiciales donde se tiran a las familias de viviendas sin uso y en estados de abandono por parte de las entidades bancarias y que abocan a las familias, con niños menores, a vivir en la calle», señalaba Joaquín Barrull, quien añade que para la asociación que preside «es una prioridad conseguir que estas familias puedan permanecer en estas vivienda a cambio de alquileres sociales».
