El coordinador de Urbanismo en el Ayuntamiento de Gandia, Vicent Mascarell, justificó ayer la orden de cierre de tres importantes locales de ocio de la playa en que «por encima de cualquier interés de los empresarios o partidista está el cumplimiento de la ley».
Él mismo fue quien firmó los decretos de los que se hizo eco en exclusiva Levante-EMV y que instaban al cese de la actividad de los complejos de ocio Wonderwall y Falkata y del «chillout» Agua de Coco, ubicado en plena Colonia Ducal, por distintas razones. Los dos primeros por una regularidad urbanística y el tercero por no disponer de licencia para tener música en su terraza hasta altas horas de la madrugada.
El responsable de Urbanismo aseguró que lo que el actual Gobierno local ha hecho responde a la «inactividad del PP», puesto que esta medida tiene objetivo resolver expedientes que dejó inconclusos el anterior Ejecutivo presidido por Arturo Torró, al que acusó de dejar que prescribiera la orden de cierre que, desde 2013 pesaba, sobre el negocio Agua de Coco.
«Gandia no puede ser una república bananera», dijo Mascarell, para remarcar que «no puede haber actividades que se desarrollen en la playa sin ningún tipo de licencia o con incumplimientos urbanísticos», como es el caso de estos tres locales, cuyos incumplimientos, recordó, se remontan a la anterior legislatura.
El coordinador general reconoció que esta iniciativa es una respuesta del Gobierno local a las constantes denuncias que han llegado por parte de los vecinos contra la actividad de estos locales y también a la investigación que ha abierto la Fiscalía, como es el caso de las quejas del Wonderwall.
Mascarell quiso aclarar que «no hay intención de dañar ninguna actividad, pero sí de dar respuesta a este tipo de denuncias por parte de los vecinos».
Por parte del actual Gobierno local, dijo el responsable del departamento de Urbanismo, hay una «voluntad clara» de compatibilizar el tiempo de ocio con la parte de tranquilidad y descanso que buscan otros vecinos. Además, animó a los empresarios a solventar los problemas y a cumplir la ley para que sus locales puedan seguir funcionando.
Vicent Mascarell también señaló que los vecinos que sufren los ruidos y las molestias por parte de locales de ocio han cambiado de actitud y ahora optan por la vía judicial, lo que obliga al consistorio a exigir a todos el estricto cumplimiento de la ley.
El PP lo tacha de «postureo»
Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Gandia, Vicent Gregori, tachó ayer de «postureo» la medida tomada por el responsable de Urbanismo al ordenar el cierre de los tres locales. Gregori dijo que es una medida «de cara a la galería» para contentar a la asociación de vecinos contra el ruido, que celebra una asamblea la próxima semana. Gregori cree que problemas como estos «se deben consensuar» entre vecinos, empresarios y ayuntamiento.
Además, pidió al Ejecutivo que «deje de atacar a los empresarios del sector, que están dando puestos de trabajo», apuntó. También que «deje de mentir a los vecinos» porque, según señala el concejal Gregori, «las actividades no van a cesar».
