31 de julio de 2016
31.07.2016

Procesiones Políticas

30.07.2016 | 22:55

La negativa por parte de Més Gandia a que una de sus concejalas desfilase en una procesión en representación de su partido vuelve a poner de manifiesto la especial relación entre política y religiosidad pública. ¿Deben los concejales participar en las procesiones a título institucional o tendrían que hacerlo solo desde la privacidad, como cualquier otro ciudadano, puesto que constitucionalmente España es un estado aconfesional?

Para el PP local no hay duda: los concejales tienen derecho a desfilar en calidad de representantes públicos, y el que no quiera o su partido se lo impida, allá él. Esa postura, no muy lógica en la sociedad española actual, nace del supuesto de que la Iglesia –además de contar con grandes privilegios estatales- merece un reconocimiento institucional basado en la tradición y expresado en la ostentación protocolaria de la que las autoridades municipales forman parte. Pero, además de que es muy improbable que la ciudadanía espere con contenido fervor ver circular a nuestros concejales con un cirio en la mano, la pretensión de mezclar religión y política choca hoy con los derechos de representación pública de quienes profesan otras creencias distintas de la católica, o ninguna.

Si el alcalde (o alcaldesa) de Gandia fuese ateo, agnóstico o cristiano protestante se vería obligado, según la opinión de los dogmáticos, a ceder el testigo (o el cirio) a un colega católico de su partido, lo que, se mire como se mire, no sería muy edificante, ni religiosamente ecuánime, pero sobre todo consagraría una actitud política excluyente, democráticamente perversa. A los ortodoxos aún les quedaría por usar el viejo argumento de la tradición, no muy atinado porque, como ha demostrado la investigación histórica, las tradiciones se inventan, se transforman y tienen mucho de ensoñaciones retrospectivas. Como se sabe, los primeros cristianos, antes de adoptarlas como rito religioso, veían en las procesiones paganas una manifestación de lujo, soberbia y vanidad, y de ahí proviene el uso despectivo de la palabra «pompa».

Quienes todavía se exhiben en esas demostraciones religiosas haciendo alarde de su cargo deberían explicar a los ciudadanos su obstinación en mezclar política y devoción, y si realmente creen que esa actitud no es un anacronismo que perpetúa en la memoria colectiva los fastos autoritaristas de épocas no tan lejanas.

Cuando a un personaje de la película «El hombre tranquilo», bebedor consumado, le preguntan si tomará el whisky solo o con agua, responde: «cuando bebo whisky bebo whisky, y cuando bebo agua, bebo agua». Por explicables inercias socioculturales, tras 40 años de franquismo nos hemos pasado casi otros 40 más aguando el whisky constitucional en las relaciones iglesia-estado, pero deberíamos preguntarnos si no va siendo hora de decretar una ley seca para el agua. Si las procesiones y celebraciones religiosas populares (cuya riqueza cultural es obvia) merecen un respeto que nadie niega, no es menos cierto que exigirlo como un derecho que integre la representatividad política no tiene sentido, pues se antepone al que merece el conjunto de la ciudadanía, católicos incluidos porque también son demócratas. Mientras el victimismo menendezpelayista de la derecha considere una agresión la aplicación de la legalidad constitucional para halagar a parte de sus votantes, y el apocamiento socialdemócrata siga mezclando las bebidas para no iniciar batallas embarazosas, ni unos ni otros podrán evitar proyectar una imagen de ranciedad histórica a la sombra, un tanto obscena, de la utilización partidista de algunos ritos religiosos públicos. Si todo eso no es vieja política, que baje Dios y lo vea.

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