El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandia cree que la incorporación de 150 bicicletas para revitalizar el servicio de SaforBici esconde «una mangarrufa» del Gobierno local para beneficiar a una empresa. El coportavoz de esta formación, Vicent Gregori, mostraba sus dudas sobre la forma en que LaBici gestiona actualmente el sistema de préstamo de bicicletas públicas.

Y es que, según dijo, «no nos consta» ningún contrato entre el ayuntamiento y la firma. Explicó que el actual Ejecutivo entregó las gestión del sistema a esta empresa mediante un contrato menor y que cuando este caducó se hizo otro contrato de este tipo. «Realizar un tercero sería prevaricar, y no tener contrato alguno y prestar el servicio sería una ilegalidad», apuntó el edil. Es por ello que desde el partido de la oposición han solicitado un certificado que demuestre el método por el que LaBici mantiene el servicio de SaforBici en funcionamiento.

Los populares también dudan de que, como dijo el concejal Xavi Ròdenas durante la rueda de prensa, la aportación de las 150 bicicletas sea a cuenta y riesgo de la empresa y sospechan que puede haber un pago encubierto por parte del Gobierno local.

Como ya se anunció en su momento, la futura gestión de SaforBici se llevará a cabo de forma conjunta a la de la explotación de los soportes publicitarios urbanos, los llamados «mupis». Pues según el PP, actualmente, estos elementos están siendo gestionado por la empresa Impursa, pese a que no existe un contrato con el ayuntamiento. Esta misma mercantil es la que, junto a LaBici presentó al ayuntamiento la propuesta de gestión del servicio de bicicletas públicas. Para el PP, todas estas coincidencias indican que «el PP está preparando el camino para que sean estas las adjudicatarias».

Tanto el concejal de Movilidad, Xavi Ròdenas, como el de contratación, José Manuel Prieto, negaron ayer todas las acusaciones. Respecto a los contratos con LaBici señalaron que si se han podido hacer dos contratos menores (algo que no permite la ley) es porque uno se hizo a través de IPG y el otro por el Ayuntamiento. Actualmente, explicaron, lo que hace la empresa es facturar mensualmente al ayuntamiento la cantidad de 5.000 euros. Este mecanismo, señalaron, está avalado por los técnicos de contratación y por intervención porque «hay abierto un proceso administrativo para la adjudicación y mientras se resuelve se asegura que se puede prestar el servicio, ya que de lo contrario no sería posible».