Al ritmo de «tabal i dolçaina», con una «colla» de músicos que interpretó temas como «Ramonet» o «La manta al coll», comenzó el viernes pasado la quinta asamblea anual de la Asociación de Vecinos por la Convivencia Playa de Gandia (AVC), en la insonorizada Aula Magna del campus universitario. La cita reunió a más de un centenar de personas, muchos de ellos propietarios de segundas residencias que pasan estos días sus vacaciones.
La AVC llegó a la conclusión de que tras años de manifestaciones en la calle y protestas en las redes sociales, va a seguir en la lucha contra el ruido, el vandalismo y el botellón, pero no descarta reorientar su camino a emprender acciones judiciales, como la denuncia que presentó a finales de junio ante la Fiscalía contra el SanSan Festival, el evento musical que se celebró el pasado mes de marzo en el complejo de ocio de Falkata. Por ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre si admite o no a trámite esta denuncia de 150 folios, y que va en contra tanto del organizador del festival como del Ayuntamiento de Gandia.
No obstante, el presidente de la AVC, Francisco Pajares, reconoció que todo dependerá de los medios económicos que tengan para sostener estas denuncias. El presupuesto de la asociación es simbólico -el ejercicio se cerró con un saldo positivo de 88 euros, dijeron- pero confían en donaciones solidarias de particulares, venta de camisetas o servicios profesionales prestados por voluntarios. El mismo viernes pusieron dos cubos junto al estrado para recoger dinero, y durante la asamblea un goteo de gente se iba acercando para realizar sus aportaciones.
La asociación quiso escenificar su descontento con los políticos y con el sector turístico local dejando vacías las sillas de los representantes que habían invitado al acto y que finalmente no acudieron; empezando por los partidos del Gobierno local (PSPV-PSOE y Més Gandia), además de PP y Ciudadanos, y las patronales de hosteleros y de apartamentos.
Por otra parte, la directiva expresó su «decepción» con el actual gobierno local de izquierdas tras su primer año gestionando la difícil convivencia entre el ocio y el descanso en la playa de Gandia. «Con el Gobierno de Torró nos tachaban de rojos camuflados y con este nos tildan de ser la quinta columna del PP, pues ni lo uno ni lo otro; somos vecinos y contribuyentes organizados que pedimos nuestro derecho al descanso», apuntó Pajares. La asociación insistió en su carácter apartidista: «Las camisetas moradas son por el color de la ciudad», aclararon en un momento de la asamblea.
Recordaron, proyectando en vídeo un fragmento de la asamblea del año pasado, las «promesas» de la actual concejala de Seguridad Ciudadana, Àngels Pérez, que en aquella ocasión sí acudió a la cita. Reconocieron que ha habido «un cambio de actitud» respecto al exalcalde del PP y que ahora se imponen más multas, pero los problemas son los mismos.
Pajares lanzó un aviso a navegantes: «El tiempo de las reuniones se ha acabado, ahora toca que hablen los jueces». Hubo cabreo generalizado por la subida del 24% de IBI que ya viene cobrando el ayuntamiento desde hace unas semanas. Pajares lamentó que ese incremento no servirá para mejorar la calidad de vida de los vecinos o la seguridad ciudadana, sino «para pagar los excesos y la mala gestión de los diferentes gobiernos de Gandia». La asociación seguirá velando por lograr una ordenanza de ocupación de apartamentos, por el traslado de los locales de ocio a la zona de equipamientos privados y, en definitiva, «por algo tan lógico como que se cumpla la ley».
Los representantes de la AVC recalcaron en varias ocasiones que no están en contra de los empresarios del sector turístico ni de sus negocios, pero sí del «turismo de borrachera y despedidas».
