El Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que está investigando la posible financiación ilegal del Partido Popular a través de comisiones cobradas a empreas contratistas de administraciones en la llamada trama 'Púnica', ha permitido al Ayuntamiento de Gandia personarse en dicha causa, al considerar que, como entiende en Gobierno local, el consistorio habría salido perjudicado por esas comisiones que se investigan.
El de Gandia es de los pocos ayuntamientos españoles que ha sido autorizado por el juez Eloy Velasco para ser parte acusadora en la trama 'Púnica', y lo hace después de que el propio consistorio, a propuesta del Gobierno local, lo solicitara hace meses.
En el caso de Gandia lo que el juez Velasco investiga es si, a través de una empresa constructora radicada en esta ciudad y otras participadas por miembros de la trama, pudo haber financiación ilegal del PP.
En lo que respecta a Gandia, el escándalo se destapó en el mes de junio de 2015 cuando miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil irrumpieron en el ayuntamiento para solicitar documentación sobre contratos municipales con empresas relacionadas con Alejandro de Pedro, considerado el «conseguidor» de la trama 'Púnica' en la Comunitat Valenciana y que mantuvo relación con el PP de Gandia, con el exalcalde Arturo Torró y con el ayuntamiento a través de contratos adjudicados con concursos público opacos.
Por todo ello, Torró ya declaró ante el juez Velasco, y también lo hizo Dionisio Ollero, miembro de la Ejecutiva del PP de Gandia y colaborador del exalcalde, quien confesó a preguntas del magistrado que había ido a solicitar dinero para el PP al menos a una empresa local que también se había quedado contratos de obra municipales por valor de cientos de miles de euros.
El gerente de la empresa, que también pasó por el interrogatorio del juez Velasco, negó tajantemente que hubiese llegado a pagar nada al PP o a los «enviados» de esta formación política en Gandia, hecho que corroboraron los miembros del PP.
Torró, Ollero y el empresario son, de momento, los tres investigados de Gandia por esta cuestión, pero se está a la espera de que la Audiencia Nacional, o el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana si asume este procedimiento, determine si cita a declarar, y en calidad de qué, al concejal y diputado Víctor Soler, que es aforado y al que Dionisio Ollero implicó señalando que fue él quien le sugirió que buscara empresas que pudieran financiar actividades del partido.
Además del Ayuntamiento de Gandia y varios consistorios de la Comunidad de Madrid, donde la 'Púnica' tenía su centro de actuación, también el Partido Socialista está personado en esta causa.
