En la presente legislatura el Ayuntamiento de Gandia reducirá en 75 millones de euros la monumental deuda de 350 millones que, entre bancos y pagos a empresas lleva acumulada fruto del despilfarro de las anteriores legislaturas.
Esa es la previsión que anunció ayer el responsable de Economía y Hacienda del ayuntamiento, Salvador Gregori, tras anunciar que, al no haberse presentado ninguna alegación, ni siquiera la que en su día anunció el grupo municipal del Partido Popular, el presupuesto municipal de 2016, aprobado en el pleno del pasado mes de julio, ya ha entrado en vigor.
Gregori dijo que durante los cuatro presupuestos que el ayuntamiento aprobará entre 2016 y 2019, año de las próximas elecciones municipales, el Gobierno local tendrá siempre en cuenta que el dinero de la subida de impuestos aprobada el año pasado más la reducción de gasto que se irá aplicando permitirá acumular esos 75 millones de euros, de manera que el consistorio cerraría la legislatura con unos 275 millones de deuda frente a los 350 heredados de la pasada legislatura.
«El enfermo ya no está en la UCI, pero sigue en el hospital», señaló, gráficamente, Salvador Gregori para describir la situación económica del Ayuntamiento de Gandia.
En ese sentido, y una vez el presupuesto de 2016 ya está en vigor y permitirá pagar a las asociaciones y entidades deportivas de la ciudad las ayudas y subvenciones aprobadas, su departamento ya está trabajando para poder disponer a finales de este año del documento de ingresos y gastos correspondiente a 2017.
Salvador Gregori lanzó dos mensajes claros. En primer lugar, que el año próximo el presupuesto será más duro porque deberá incluir mayores recortes con el fin de cuadrar gastos e ingresos y dejar una cantidad económica necesaria para seguir reduciendo la deuda acumulada.
En segundo lugar, Gregori aseguró que, a diferencia de lo ocurrido este año, para aprobar el presupuesto municipal de 2017 se requerirá previamente el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que revisará los números del ayuntamiento para garantizar que se cumplan los criterios de estabilidad y los del Plan de Ajuste a los que está obligado el ayuntamiento para liquidar su deuda y, así, garantizar su viabilidad económica y los servicios básicos a los que tienen derecho sus ciudadanos.
En respuesta a las palabras de Gregori, el concejal del PP Guillermo Barber, que en la anterior legislatura dirigió el área de Hacienda, criticó al Gobierno local por el «retraso» en aprobar el presupuesto y negó que el PP dejara 75 millones en deuda comercial.
