Nahuel González, concejal de Responsabilidad Social del Ayuntamiento de Gandia, informó ayer que a las ayudas contra la pobreza energética otorgadas por la Generalitat en esta ciudad ahora se van a sumar subvenciones a familias y personas en riesgo de quedarse sin un techo por no poder hacer frente al alquiler de sus viviendas.
Ante esta nueva línea de ayudas de la Generalitat, el concejal González no ocultó su satisfacción «porque tanto la Administración autonómica como el Gobierno local de Gandia están demostrando, una vez más, su sensibilidad hacia las personas más desfavorecidas».
González explicó que los casos de desahucios hipotecarios se han detenido en la ciudad, pero en el caso de los alquileres entre particulares la situación es más compleja porque entra en juego también los derechos de los propietarios de las viviendas.
Así, el Ayuntamiento de Gandia se ha adherido a la nueva línea de ayudas que afectará a los alquileres de hasta 450 euros al mes. Las familias beneficiarias no deberán superar unos ingresos anuales de 7.400 al año, aproximadamente, y deberán contar con un informe previo de los Servicios Sociales municipales.
La Generalitat subvencionará hasta el 50% del alquiler y el ayuntamiento adelantará el dinero. Se pueden aplicar dos fórmulas para el pago, según los casos, directamente al propietario de la vivienda o al inquilino.
Las ayudas tienen carácter retroactivo, es decir, desde enero de este año. El periodo de solicitudes se inicia el próximo lunes y finaliza el 31 de octubre. Los interesados deben acudir a su centro social de barrio o bien en las oficinas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gandia (bajos del antiguo mercado municipal).
El concejal de Més Gandia, a pesar de reconocer los esfuerzos para que la información llegue a la totalidad de las familias en peligro de desahucio, calcula que se pueden beneficiar inicialmente alrededor de mil personas.
Por otra parte, González también informó que está en contacto permanente con la Conselleria de Vivienda para solucionar el problema de las miles de viviendas vacías existentes en la ciudad.
El Gobierno local ha presentado alegaciones para mejorar el borrador de la futura Ley Valenciana de Vivienda, que entre otras cosas servirá de mecanismo que regule la situación de los pisos que se encuentran vacíos durante mucho tiempo. «Estamos en diálogo constante con los bancos para que hagan cesión de viviendas vacías, pero ellos también están a la espera de la nueva ley», señaló el concejal.
Situación diferente, asegura el edil, es el caso de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, también conocida como 'banco malo', propietaria de cientos de viviendas vacías y que se niega a dialogar con el Ayuntamiento.
Evitar ocupaciones ilegales
González pidió a los bancos que, al menos, colaboren con el ayuntamiento evitando que en esas viviendas vacías, muchas de ellas prácticamente abandonadas, se instalen personas que las aprovechan para cometer delitos y atentar contra la convivencia de quienes viven en otros inmuebles del mismo edificio.
Pese a la acción de la Policía Local, que actúa cuando los vecinos lo denuncian, son muchos los casos en que no se puede desalojar a los ocupantes ilegales porque, pasado un tiempo de residencia en ese lugar, se requiere una autorización judicial.
Como ocurría en la anterior legislatura, los casos de actuación judicial y policial para desalojar a ocupantes ilegales se lleva a cabo solo cuando se sabe que no se trata de familias normalizadas. En esos casos, la actuación es diferente y se buscan soluciones para evitar que se queden en la calle, labor en la que participan entidades y colectivos sociales, como Cáritas, Cruz Roja, Buñuelos sin Fronteras o la Plataforma contra la Hipoteca de la Safor.
