La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha archivado la querella que la consejera de Iniciatives Públiques Gandia (IPG), Lola Moncho, presentó contra el presidente de esa mercantil pública municipal, Vicent Mascarell, al que acusó de injurias, calumnias y falta al honor.
La consejera del PP actuó judicialmente contra el representantes socialista después de que Mascarell revelara, en julio de 2015, la relación contractual de Moncho con una de las empresas más beneficiadas por IPG, que estaba dirigida por su hijo y su sobrino.
En el auto judicial se acuerda el sobreseimiento de esta demanda, dado que las manifestaciones efectuadas por Vicent Mascarell se produjeron «en un marco de carácter claramente político y responden a una opinión realizada por quien las emite, que no resulta gratuita al emitirse en relación a unos hechos o ideas que se exponen». Además, las afirmaciones del presidente de IPG se llevaron a cabo en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión.
Ante esta resolución judicial, Vicent Mascarell dijo que «no nos van a callar al actual Consejo de Administración de IPG, que parte de un mandato muy claro de la ciudadanía, que no es otro que aplicar la transparencia, luces y taquígrafos ante el oscurantismo de la anterior etapa del PP. Y es que los gandienses se merecen saber en qué se gastaron un dinero, que no tenían, los anteriores gestores de la empresa pública».
Según señalan los socialistas en un comunicado, Lola Moncho, exconcejala del PP y después miembro del Consejo de Administración de IPG, llegó a ocultar al resto de miembros de la empresa pública la existencia de una serie de contratos firmados con la empresa Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico que facturaba 55.000 euros por año, por lo menos desde 2014. Estos contratos eran, aparentemente, ficticios porque en la práctica lo que se hacía era pagar el sueldo de la consejera del PP Lola Moncho, a razón de 4.235 euros al mes.
La empresa Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico, propiedad del sobrino de Moncho, cobraba por realizar informes y asesoramiento de proyectos como la Ciudad Agroalimentaria, el Parque Acuático o la Universidad Católica, cuando, según señalan los socialistas, «en realidad tiene muy poca experiencia en este tipo de tareas». Además, el contrato obligaba a IPG a poner a disposición de la empresa privada un despacho con línea telefónica e internet y una secretaria pagada por la misma empresa pública. Ese despacho estaba en la segunda planta del Ayuntamiento de Gandia, donde, en la pasada legislatura, se situaban los miembros del Gobierno local del PP.
Posteriormente se supo que la empresa, en realidad, estaba dirigida por el hijo de Lola Moncho, quien a su vez fue el primer gerente de IPG nombrado por el exalcalde del PP, Arturo Torró.
