Incumplir los contratos y obligaciones de una Administración con empresas privadas o particulares no sale gratis. Y si no que se lo digan ahora al Ayuntamiento de Gandia, cuyo Gobierno local no va a tener más remedio que solicitar ayuda al Ministerio de Hacienda para hacer frente al pago de 14 millones de euros fruto de cinco sentencias judiciales perdidas en los últimos seis meses.
Las sentencias, todas ellas previsibles, responden a los largos periodos de impagos que llevó a cabo el anterior Gobierno local del PP, dirigido por el alcalde Arturo Torró, durante la pasada legislatura.
La más importante de ellas, cuya indemnización supera los diez millones de euros, tiene como beneficiaria a Ecsa, la empresa que construyó y todavía gestiona el párking del Riu Serpis. La mercantil, al constatar que el Gobierno del PP había cerrado el grifo del dinero para pagarle el llamado «déficit de gestión» establecido en el contrato de construcción, promovió en los tribunales la rescisión de ese contrato, algo que ganó. Es decir, el ayuntamiento, previo pago de 10.693.182 euros, tiene que asumir, por obligación, la titularidad de la instalación y deberá asumir su gestión.
A esa cantidad hay que añadir otra sentencia, también ganada por Ecsa, que obliga al ayuntamiento a pagarle poco más de un millón de euros por el reequilibrio económico de la gestión del mismo párking que el Gobierno del PP dejó de abonarle pese a estar obligado a ello.
Una tercera sentencia tiene su origen en otro párking público, el de la plaza del Prado, y obliga a pagar a la empresa gestora, Plaça del Prat SL, más de medio millón de euros por el mismo concepto.
La empresa FCC es otra de las que ha ganado al ayuntamiento en los tribunales. La encargada de recoger la basura de Gandia vio cómo Arturo Torró le reducía la aportación económica fijada en el contrato firmado en su día y se negaba a actualizar los precios que también establecía ese documento. Fruto de este último concepto es la cuarta sentencia de este paquete, que condena al ayuntamiento a abonarle 661.133 euros que FCC tenía derecho a cobrar y que no se le abonaron.
La quinta y última sentencia responde al retraso con el que el ayuntamiento pagó cerca de cuatro millones de euros por el solar del antiguo cine Bulevar, situado en la esquina del paseo de les Germanies y la calle del Abat Solà, que ha sido cedido a la Conselleria de Educación para que amplíe el instituto Ausiàs March. Por intereses de demora en abonar el precio que fijaron los jueces ahora se tienen que pagar más de 1,3 millones de euros.
Negociación abierta con Ecsa
Desde el punto de vista económico, Gandia cumple el dicho de que a perro flaco todo son pulgas. El responsable de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, señaló ayer, al ser preguntado por este periódico, que efectivamente el consistorio no dispone de esos 14 millones y que por ese motivo el Gobierno local ha adoptado la decisión de pedir ayuda al Ministerio de Hacienda.
La solución consiste en aprobar un nuevo Fondo de Ordenación que permitiría recibir el dinero del Estado y devolverlo como un préstamo. En este caso, la cantidad adicional ronda los cuatro millones de euros, dado que ya se había previsto incluir casi diez millones para poder rescindir el contrato con el párking del Riu Serpis, asumir la propiedad y hacerse cargo de su gestión. En estos momentos está abierta una negociación para llegar a un acuerdo e intentar reducir el montante final a pagar.
